El Gobierno propone una cuota de hasta 1.220 euros a los autónomos
Presenta una medida que obliga a pagar 2.400 euros anuales con ingresos de 3.000
«El acuerdo para cerrar con los agentes sociales la firma la primera parte de la reforma de las pensiones es inminente». Así de seguro y categórico se manifestó esta semana el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ante los diputados en el Congreso. Todo apuntaba a que patronal y sindicatos iban a rubricar su propuesta esta misma semana. Pero nada más lejos de la realidad. El último documento enviado el lunes a los agentes sociales por el Ministerio ha provocado un terremoto que ha hecho tambalear la mesa de negociación, al no recoger las peticiones de los empresarios en cuestiones como las prejubilaciones o la jubilación forzosa e incluir, por sorpresa, un nuevo sistema de cotización de autónomos, «que ha resultado la gota que ha colmado el vaso», manifestaron a LA RAZÓN fuentes empresariales. De hecho, la mesa que estaba convocada el pasado lunes para «ir cerrando ya las cuestiones más técnicas» quedó desconvocada tras la negativa de CEOE de asistir, al encontrarse con artículos «que no habían sido negociados».
Se refieren en concreto al rechazo a la imposibilidad de forzar la jubilación de los trabajadores en los convenios, al castigo a las prejubilaciones y, principalmente, a la incorporación sin conocimiento previo de las asociaciones ATA, UPTA y Uatae del diseño de un nuevo sistema de cotización para los autónomos.
En el documento presentado por Escrivá –al que ha tenido acceso este diario–, se plantea un periodo de transición de nueve años para que la cuota de los trabajadores por cuenta propia oscile entre los 90 y los 1.220 euros mensuales. Pero hasta su culminación, el sistema tendría un periodo intermedio por tramos que iría creciendo según los ingresos declarados. Es en estos tramos, en los que ha surgido uno de los problemas más graves ya que, en la tabla más baja, los autónomos con rendimientos de 3.000 euros anuales o menos tendrían que abonar 200 euros al mes en 2023, es decir, deberían cotizar 2.400 euros anuales, por lo que «esos autónomos estarían trabajando directamente para la Seguridad Social», denunció Lorenzo Amor, presidente de ATA. Estas cuotas irían elevándose según se incrementaran los ingresos, hasta los 400 euros al mes para rendimientos superiores a 48.841 euros. «Al que ha hecho esta tabla solo se le puede decir una cosa, que es un iluminado o un incapaz», reiteró Amor. A partir de 2031, las cuotas correspondientes a cada uno de los trece tramos –con ajustes vinculados a la inflación– serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros y de 1.220 euros mensuales para los que ingresen más de 48.841 euros al año, es decir, 14.640 euros mensuales. Para Eduardo Abad, presidente de UPTA, el sistema que se había pactado por la seguridad Social iba a «aliviar las cotizaciones de los más débiles, los que están por debajo del SMI, pero con esta propuesta incomprensible e implanteable se logra todo lo contrario. El sistema debe ser una invitación a la salida de la economía sumergida, no al contrario».
Al menos el grueso de la nueva normativa que pretende aprobar José Luis Escrivá sí es la que ya fue presentada con anterioridad, en la que los autónomos podrán elegir provisionalmente su base de cotización entre trece tramos en función de sus previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. Los autónomos autónomos cuyos rendimientos fiscales derivados de la actividad por cuenta propia estén por encima de la actual base mínima de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos( RE TA) cotizarán por los mismos, y esta base mínima se equiparará progresivamente a la del Régimen General.
Pero la patronal también ha criticado que el texto mantenga cláusulas sobre las que han puesto una línea roja, como que la negociación colectiva no podrá obligar al trabajador a jubilarse con menos de 68 años, y aunque se han suavizado otras cuestiones relacionadas con el retiro de los trabajadores, se han plantado en el no. «Ahora mismo el acuerdo es imposible», manifestaron fuentes de CEOE, máxime cuando el último borrador de esta reforma mantiene como eje principal el castigo a las prejubilaciones y a las jubilaciones forzosas, medida con la que tampoco están de acuerdo los sindicatos. Precisamente, las entidades sindicales prefieren esperar y no romper la baraja hasta recibir explicaciones. «La mesa de diálogo sigue abierta por nuestra parte y ahí requeriremos
todas las explicaciones correspondientes. Somos fieles a la confidencialidad de las negociaciones y no compartimos las filtraciones interesadas», manifestaron fuentes de CC OO.
Desde UGT descartaron que por su parte vaya a haber una ruptura de las negociación, aunque sí advirtieron de que «cualquier acuerdo pasa por la derogación total de la reforma de 2012. Fuera de eso, el ministro no va a tener nuestro apoyo. Tampoco permitiremos que se siga penalizando la jubilación de los trabajadores forzados a jubilarse anticipadamente como pretende el Ministerio».
Fuentes ministeriales, manifestaron a este diario que «este es un borrador más de los cientos que hay y sobre los que se sigue trabajando. Las filtraciones interesadas sólo confunden a la gente y no participamos en esta continua desinformación. La propuesta oficial la ha planteado ya el ministro y fuera de eso no hay nada». Pero, de momento, el acuerdo está roto.