Sanidad dejará usar Astra si el vacunado se hace responsable
Plantea al Comité de Bioética que los menores de 60 con la primera dosis de Oxford repitan el suero con un consentimiento informado
Ante la indignación de muchos ciudadanos y la presión de hasta siete comunidades autónomas, Sanidad se plantea dar a elegir a los dos millones de ciudadanos menores de 60 años que tienen la primera dosis de Astra completar su vacunación con el mismo suero o con Pfizer. El martes, tras una tensa reunión de la Comisión de Salud Pública, se aprobó la combinación de vacunas para este colectivo, pero el Ministerio de Sanidad abrió la puerta «dada la situación excepcional» a que estos ciudadanos decidan con cuál de las dos vacunas quieren terminar de inmunizarse.
La postura adoptada ahora por el ministerio que capitanea Carolina Darias contrasta con la mantenida desde que se diseñó la estrategia de vacunación. La respuesta sobre la posibilidad de elección de los fármacos es tajante: «No puede ser una elección individual, sino que debe basarse en la eficacia y la indicación de las vacunas para los diferentes grupos de población», se lee en el documento.
Para deshacer el entuerto, lo que ha hecho la ministra es recurrir al Comité de Bioética, aunque en la Ponencia de Vacunas cuentan con expertos de este organismo. Ha consultado a este comité consultivo si es aceptable que los dos millones de personas que se han quedado a medio vacunar puedan elegir ponerse AstraZeneca como segunda dosis. «Para no demorar más la decisión, se ha aprobado en el Consejo Interterritorial la posibilidad de que lo hagan con un consentimiento informado. Tenemos que ir de la mano del Comité de Bioética para la elaboración de ese consentimiento», avanzó la ministra ayer en rueda de prensa. «Mayoritariamente, esta opción que he planteado ha sido aceptada por los miembros del Interterritorial y, por tanto, se va a abrir esta opción», apostilló.
La Comunidad Valeciana y Andalucía anunciaron tras el pleno del Interterritorial de ayer, que ofrecerá AstraZeneca de forma voluntaria a los menores de 60. Madrid, por su parte, esperará a las conclusiones del Comité de Bioética pero ha acudido a la EMA para que avale los segundos pinchazos de Astra «por la salud de los madrileños». Galicia, Castilla y León, y Cataluña también son partidarias de no mezclas fármacos.
Para ofrecer a Sanidad una postura consensuada, el Comité de Bioética ha convocado un plenario, que se celebrará el viernes de manera online. «La consulta no gira en torno a qué vacuna poner a los menores de 60 que tienen la primera de Astra. Esa decisión ya se ha tomado. La cuestión es qué hacer con las personas que se nieguen a mezclar dosis. Hay que tener en cuenta que Sanidad paralizó el uso de Oxford en población joven por riesgo muy raro de trombosis».
El Comité de Bioética de España es un «órgano colegiado, independiente y consultivo, que desarrollará sus funciones, con plena transparencia, sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud». Quedó constituido el 22 de octubre de 2008 y está adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pero el Gobierno de Sánchez solo lo utiliza cuando le conviene. Para el dise
ño y la tramitación de la Ley de la Eutanasia, el Ejecutivo socialista ni siquiera le pidió opinión, pero el organismo, en el ejercicio de sus funciones, emitió un informe en el que rechazaba que la eutanasia pudiera ser un derecho subjetivo y una prestación sanitaria. También, a iniciativa propia, el organismo que dirige Federico de Montalvo emitió un informe sobre la priorización de pacientes en UCI en la primera ola, que tampoco fue tenido en cuenta.
Exención de responsabilidad
El otro caballo de batalla al que se enfrenta el Gobierno gira en torno a la responsabilidad por los posibles efectos secundarios de la vacunación heteróloga. El Ejecutivo socialista es consciente de que la mezcla de fármacos no es una práctica recomendada por los organismos reguladores sanitarios. Tanto la EMA como la OMS siempre han pedido que se cumpla el prospecto de las vacunas, que indican que la inmunización debe completarse con el suero del mismo laboratorio. Por eso, en el caso de que una persona que reciba esta vacunación combinada sufra efectos secundarios, no podría reclamar daños a los laboratorios. Pero sí al Gobierno. Así lo cree el experto en derecho sanitario, Ricardo de Lorenzo. «Es un asunto complicado, todas las farmacéuticas que contratadas por la UE tienen una cláusula de exención de responsabilidad en sus contratos y, además, el prospecto deja bien claro cómo administrar el fármaco».
De Lorenzo aclara que «teóricamente se podría reclamar al Estado por responsabilidad patrimonial de la administración», que es la exigencia a la Administración por parte del ciudadano por los daños o lesiones que sufra como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de las Administraciones Públicas.
No obstante, este abogado apunta que el Gobierno de Sánchez podría invocar al riesgo del desarrollo para exonerar su responsabilidad, como hizo por primera vez con los afectados por el aceite de Colza. Son riesgos de desarrollo los causados por un defecto de un producto que no era reconocible a la luz del estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la comercialización del producto.