Socio, no amigo
Más de 9.000 ciudadanos –marroquíes en su inmensa mayoría– entraron la semana pasada en Ceuta de forma ilegal con la connivencia de la gendarmería marroquí, en una operación planificada por el Gobierno como represalia contra España por la admisión del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño. La causa de todo radica en la situación del Sáhara Occidental, territorio no autónomo cuya potencia administradora «de iure» sigue siendo España, aunque «de facto» esté ocupada por Marruecos. Hasta el 10 de diciembre de 2020, ningún Estado había reconocido la legalidad de esta ocupación, cuando Donald Trump –presidente saliente de Estados Unidos– la reconoció, a cambio de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel. El único responsable del conflicto es, por tanto, Marruecos, que viene ocupando militarmente el territorio desde 1976 sin título jurídico alguno, pues –según el Derecho Internacional– de la injusticia no puede nacer el derecho y la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos es injusta, ilegal y contraria a derecho.
La excusa alegada por Marruecos para invadir Ceuta con miles de jóvenes era la hospitalización de Ghali en España por motivos humanitarios, al estar gravemente enfermo de Covid-19. Marruecos reaccionó de forma vehemente ante lo que consideraba un ultraje, convocó al Embajador español en Rabat para pedirle explicaciones, distribuyó comunicados criticando duramente al Gobierno español y lo amenazó con tomar las medidas que estimara pertinentes. Un comunicado de «Maroc Diplomatie» ha señalado que las razones humanitarias invocadas no justificaban las maniobras urdidas a sus espaldas, no eran la panacea para aplicárselas al jefe del Polisario
cuando «miles de personas viven en condiciones infrahumanas en los campamentos de Tinduf», no explicaban la inacción de los tribunales españoles, ni la complicidad con una usurpación de identidad, y no debían anular las demandas legítimas de las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por Ghali.
A estos alegatos cabe responder lo siguiente: España no ha urdido ninguna maniobra contra Marruecos, sino que ha acogido por razones humanitarias al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, país que ha sido reconocido por 73 Estados y es miembro de la Unidad Africana, en pie de igualdad con Marruecos, con quien ha negociado. Que los saharauis viven de forma infrahumana en Tinduf porque Marruecos los ha expulsado de su país, los ha bombardeado, ha ocupado la mayor parte de su territorio y no les permite regresar a sus hogares. Que el juez Pedraz ha reabierto el caso de la querella contra 17 líderes del Frente Polisario y citado a Ghali a declarar, y que el Gobierno marroquí debería colaborar con la justicia española.
Marruecos se indignó con España porque no siguió el camino de Estados Unidos y mantuvo que el conflicto debería ser resuelto en el marco de la ONU mediante el ejercicio por el pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación. Mohamed VI ha seguido el modelo de su padre con la «Marcha Verde», al organizar una invasión pacífica, que –no por ello– deja de ser invasión. Como en 1975, Marruecos ha violado la soberanía nacional y la integridad territorial de España y de la UE, al cruzar ilegalmente la frontera de Ceuta, que es asimismo la frontera exterior de la Unión. La ministra González Laya dijo que Marruecos es socio y amigo de España. Podrá ser socio, pero no es amigo.