El necesario fin de los ERTE

Los ERTE son una fórmula para socializar los costes laborales de una empresa con cargo al erario público. Por eso, siempre se trató de un instrumento de política laboral muy discutible: las empresas que no son capaces de hacer frente a sus gastos, incluyendo los gastos salariales, y que tampoco consiguen financiación externa para cubrir sus pérdidas, deberían reestructurarse o cerrar. Una economía no debería acostumbrarse a convivir con empresas que descargan una parte significativa de sus desembolsos operativos sobre los hombros de los contribuyentes: eso es sólo una forma de subsidiar lo ineficiente e improductivo. Acaso podía existir algún tipo de justificación para este instrumento socializador durante los meses más duros de la pandemia: en la medida en que el Gobierno decretaba el confinamiento domiciliario en un contexto de alta incertidumbre, las empresas más pequeñas podían enfrentarse a problemas financieros aun cuando poseyeran buenos modelos de negocio. Dado que los mercados no son perfectos, podría haber habido durante parte de 2020 pymes operativamente viables que se descapitalizaran. Es en ese limitado contexto en el que pudo tener algún sentido aplicar los ERTE de un modo más o menos generalizado. Pero ya hace muchos meses que tal práctica dejó de ser lógica: desde junio del año pasado, la economía fue progresivamente reabriéndose y la incertidumbre también fue esfumándose de los mercados financieros. Por consiguiente, las empresas fueron viéndose cada vez menos impactadas por las medidas gubernamentales y, en todo caso, sus vías de financiación se hallaban cada vez más abiertas. Aun así, podría haberse contraargumentado (de un modo bastante forzado) que, como las administraciones autonómicas decretaban el cierre o restringían la operativa de diversos sectores económicos (como la hostelería y la restauración), subsidios como los ERTE seguían estando justificados. Pero ya no. Desde el fin del estado de alarma, la economía y la sociedad vuelven a estar abiertas y los mercados llevan casi un año funcionando correctamente. Aquellas empresas que actualmente sufran dificultades deberían afrontar la realidad y buscar por sí mismas una solución al problema: no seguir descargando sus gastos laborales al resto de la sociedad. Tanto la CEOE como el Gobierno se equivocan en este asunto, aunque en distinto grado. La CEOE, como representante de los intereses de los empresarios, busca maximizar las transferencias en favor de sus representados; el Gobierno, rehén del discurso triunfalista respecto a los ERTE, aboga por mantener en marcha este instrumento aunque en una versión más limitada que la actual. Pero ni lo uno ni lo otro: hay que poner fin a los ERTE ya mismo. Ayer mejor que hoy, pero hoy mejor que mañana.

La CEOE busca maximizar los beneficios de sus representados y el Gobierno es rehén de su discurso triunfalista