Moncloa eleva el desafío: «El Gobierno decide»
Recuerda que el informe del Supremo «no es vinculante»
El informe del Tribunal Supremo supone un punto de inflexión para la concesión de los indultos. Activa la cuenta atrás para el posicionamiento del Gobierno, al agotar el trámite legal de recabar informes y, con ellos sobre la mesa, la pelota está ya en el tejado del Gobierno, que tendrá que abordar la deliberación en próximas fechas. Y es precisamente esta potestad del poder Ejecutivo, para revocar una sentencia del poder Judicial, en lo que a la medida de gracia se refiere, a lo que se aferran en Moncloa, donde marcan distancias con el durísimo escrito de la Sala de lo Penal, dejando claros dos puntos: que el diagnóstico del tribunal sentenciador no es «vinculante», sino «preceptivo» y que la última palabra la tiene el Gobierno. «Quien decide es el Consejo de Ministros», sentencian.
En su informe, el Supremo descarta los argumentos expuestos para conceder el indulto por considerar que «pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo». Una «segunda instancia». El sentido del mismo, desfavorable y muy duro, era el «esperado» en Moncloa, porque no cabía que, en este caso, el tribunal sentenciador se «autoenmendara» a sí mismo. Esto obliga al Ejecutivo a renunciar al indulto total, algo que tampoco se valoraba.
Por esperado, desde Moncloa llevan dos días haciendo especial hincapié en la pedagogía sobre la medida de gracia, allanando el terreno para el que sería el segundo informe desfavorable a su concesión, sumándose al que ya emitió la Fiscalía en el mismo sentido.
Esta circunstancia hace que Pedro Sánchez, decidido a conceder los indultos, tenga que hacerlo a contracorriente de las instancias judiciales consultadas y también de los propios condenados, que abogan por la amnistía y que ni siquiera pidieron directamente la medida de gracia, sino a través de intermediarios.
Tras el informe del Supremo, en Moncloa no dan un paso atrás respecto a las declaraciones que vienen pronunciando en las últimas horas. Si bien el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha mostrado más cauto, aunque llamara a «naturalizar» la medida de gracia, el presidente del Gobierno ha sido cristalino en sus pronunciamientos. La apelación a la «concordia» y al «diálogo» en contraposición a la «venganza» y la «revancha» que hizo desde Bruselas el martes, se ratificó ayer en sede parlamentaria, al insistir en que «hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia». Los lugares donde Sánchez ha hecho estos pronunciamientos no son baladíes. La sede de la soberanía nacional y Europa.
En Moncloa defienden que el indulto es «un derecho», porque está fundamentado en «valores constitucionales» y que tiene una «utilidad pública», algo –esto último– que no ha apreciado el Supremo. Se reivindicará la capacidad de la medida de gracia como herramienta para promover la «normalización de la vida política en Cataluña» y por el «interés general», apuntan. No obstante, en el Ejecutivo son plenamente conscientes del impacto y el coste político que lleva aparejada la medida. Han decidido activarla ahora, aunque no de manera inminente –no será nunca antes de las primarias andaluzas–, porque aún restan más de 30 meses para que se agote la legislatura. En Moncloa consideran que en estos tiempos de «política líquida», el impacto de la concesión de los indultos se difuminará con el paso del tiempo.
Frente al ejercicio de pedagogía en el que se afanan, desde el Gobierno también se destila cierto victimismo y se recuerda la «herencia recibida» de Mariano Rajoy, bajo cuyo mandato «se convocaron dos referéndums ilegales», entre ellos el del 1-O del que trae causa este proceso judicial. En Moncloa definen esta etapa como una «gestión nefasta» del «conflicto político» en Cataluña, que se «recrudeció» y se «judicializó» sin que esto contribuyera a «resolver el problema» de base. En todo caso, el presidente del Gobierno recuerda que en 2017, cuando él detentaba el liderazgo de la oposición, apoyó al PP en la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía en Cataluña, tras el desafío a la legalidad de los líderes del «procés». En Moncloa creen que esta posición que se mantuvo entonces, en defensa de la integridad territorial, cuando se aplicó «el castigo», le legitima ahora a Sánchez para abrir el «tiempo de la concordia» y demandar «lealtad» a Casado.
Sánchez cree que su apoyo en 2017 al 155 le legitima ahora para avalar la medida de gracia y pedir lealtad a Casado