Un juzgado dicta la entrada en prisión de Juana Rivas

Era una posibilidad viva y el juzgado de lo Penal número 1 de Granada acordó ayer la detención y entrada en prisión de Juana Rivas, vecina de la localidad granadina de Maracena, después de que el Tribunal Supremo (TS) la condenara finalmente a dos años y medio de cárcel por no haber entregado a sus hijos al padre, el italiano Francesco Arcuri, en el verano del 2017. El titular del órgano judicial, Manuel Píñar, ha concluido que «no ha lugar» a la suspensión de la pena, al ser superior a los 24 meses.

El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, tachó la decisión de «muy injusta», según se refleja en una nota de prensa, y anunció que ayer mismo presentó un recurso contra el auto de Píñar, ya que todavía no se ha resuelto el indulto que solicitó al Gobierno central a principios de mayo, convencido de que «se cumplen todos los requisitos para que se le otorgue este derecho de gracia» a su clienta.

El mencionado magistrado fue el encargado de enjuiciar en su día a Rivas y es quien ahora acordó su inmediato ingreso en prisión, una vez que el Supremo sentenció sobre este caso. La defensa de Juana Rivas pretende que pueda quedar «sin efecto» su entrada en la cárcel en tanto se resuelva el asunto del indulto.

Para buscar el origen de este movimiento judicial hay que remontarse al verano del 2017, cuando la madre permaneció junto a sus dos hijos en paradero desconocido para no entregarlos al padre, agarrada al argumento de que quería protegerlos frente a Arcuri, quien en 2009 fue condenado por lesionarla y al que ella volvió a denunciar por maltrato en 2016. El italiano denunció la desaparición y tras varios requerimientos para que Rivas devolviera a los niños, ésta lo hizo un mes después en Granada. Tanto el juzgado granadino de lo Penal número 1 como la Audiencia provincial, determinaron que la acusada había cometido dos delitos de sustracción de menores.