La Fiscalía pide que conducir con 0,4 a 0,6 mg/l de alcohol sea delito
Solicita también más radares urbanos para implantar la velocidad de 30 km/h
La Fiscalía de Seguridad Vial envió ayer un oficio a las policías de Tráfico en el que pide aumentar los controles de alcoholemia y la persecución penal de la conducción bajo los efectos del alcohol en todas las vías, lo que se traduciría en el levantamiento de más atestados. Además, pidió potenciar el funcionamiento de los radares de velocidad en el ámbito urbano con el objetivo de implantar el límite de velocidad de 30 km/h en las calles de un único sentido de circulación.
Así lo anunció en rueda de prensa el fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, quien insistió en que es «indispensable» incrementar el número de controles de velocidad y de alcohol y rechazó que sean «recaudatorios», sino «protectores de los buenos conductores».
Lo que pretende la Fiscalía es que se levanten más atestados, no solo cuando se supere la tasa de 0,6 miligramos de alcohol por litro espirado, que es lo obligado por ley, sino también cuando se dé una tasa menor (de entre 0,6 y 0,4) en los casos en que el conductor presente claros signos de embriaguez embriaguez o haya realizado maniobras irregulares concurrentes evidenciadoras de la influencia del alcohol en la conduccción.
Cada año se dictan unas 1.000 condenas por exceso de velocidad punible y alrededor de 50.000 por consumo de alcohol al volante, pese a lo cual se sigue conduciendo bajo los efectos del alcohol, motivo por el que la Fiscalía solicita que se aumente la persecución penal en el delito de conducción bajo la influencia del alcohol.
Vargas justificó su propuesta en que los índices de siniestralidad superan actualmente los flujos de tráfico y recordó que el 30% de los accidentes de circulación se deben a un exceso de velocidad y el 25% a la ingesta de alcohol. «El fiscal no quiere que haya más condenas, sino que se cumpla la ley», aseguró. En este sentido, señaló que la sociedad está saloendo de la «pesadilla» de la pa demia para entrar «en la pesadilla de las muertes».
En el oficio, pide además a los policías locales información sobre las aplicaciones que detecten los controles de velocidad y alcoholemia, ya que en el caso de éstos últimos son capaces de detectarlos detectarlos y evitan que los conductores sean sometidos a test.
El pasado día 11 entró en vigor la limitación de velocidad a 30 km/h en las vías de sentido único de circulación, que afectará a entre un 60 y un 70% de las calles de España. Así lo contempla la modificación del Reglamento de Circulación, que establece, además, un límite de velocidad en núcleos urbanos de 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, y 50 km/h en las de dos o más carriles por sentido.
El fiscal recordó que la limitación de 30 km/h no es «una ocurrencia de España», sino una propuesta internacional que está unida a un modelo de ciudad en el que pueden convivir coches, ciclistas y peatones.
Por este motivo, subrayó que la medida va a ser imposible de implementar si no se aumentan los controles mediante radar, especialmente los móviles, y Vargas confía en que los ayuntamientos lo vayan haciendo de manera progresiva.
«Hay un porcentaje de conducciones urbanas que sólo pueden detectarse con el funcionamiento de radares», pues, según las últimas cifras de la Fiscalía (correspondientes a 2019) las condenas por exceso de velocidad fueron 394, lo que constituyen «no demasiadas» en comparación con las condenas de alcohol, que ascienden a 48.078.
A juicio del fiscal, además de la necesaria concienciación, es «indispensable» el aumento de los controles de velocidad, acompañado de la imposición de sanciones administrativas, ya que éstas tienen un efecto de educación y de prevención.