El ingreso mínimo no llega ni a un tercio de los beneficiarios
La medida estrella del «escudo social» no llega ni a un tercio de los beneficiarios previstos y ya está pendiente de reforma
«Insuficiente», «mal gestionado», con un alcance «mucho menor del esperado» e «inaceptable». Estos son algunos de los calificativos con los que sindicatos, partidos políticos y organismos públicos definen el Ingreso Mínimo Vital (IMV) un año después de su puesta en marcha. El tiempo y las cifras han dejado en evidencia que la prestación que pretendía socorrer a los más vulnerables de la crisis de la Covid-19 no ha cumplido las expectativas. «No es aceptable que el IMV solamente esté llegando a una cuarta parte de los hogares inicialmente previstos», criticaba duramente Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE, al presentar sus enmiendas a la ley del IMV.
Los últimos datos de la Seguridad Social reflejan que esta prestación llegó en mayo a 260.206 hogares en los que viven 682.808 personas. Una cifra que se encuentra muy por debajo de los 850.000 hogares y 2,3 millones de personas que el Gobierno estimó hace un año como destinatarios de esta prestación asistencial de la Seguridad Social. El Consejo Económico y Social (CES) también reprochó al Gobierno el fracaso de esta medida en la memoria que analiza la situación socioeconómica y laboral de España en 2020 y que le entregó el 2 de junio al presidente del Gobierno. Pese a considerar el IMV como un importante avance, el CES expuso que su alcance «tras nueve meses en funcionamiento ha sido mucho menor del esperado». «De ahí que el gasto ejecutado en 2020 en concepto de IMV (411 millones de euros) haya sido mucho menor que el inicialmente previsto (1.500 millones de euros)», puntualizó.
UGT considera «que esta presestá presestá mal diseñada desde el principio» y «se ha demostrado claramente insuficiente tanto en su diseño como en su intensidad protectora». El sindicato reclama una «reforma mucho más sosegada y dialogada tanto social como parlamentariamente». No obstante, esto no fue posible hasta prácticamente este pasado martes 1 de junio, cuando PSOE y Podemos desbloquearon la tramitación del proyecto de ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), tras acumular más de 30 prórrogas y cuando se cumplía ya una año de la aprobación del decreto. El acuerdo llegó después de que la formación morada decidiera airear su malestar y exigiera públicamente fin a las prórrogas, quejándose de que los intentos por negociar «discretamente» con el PSOE resultaron infructuosos y responsabilizando del bloqueo al Ministerio de Inclusión Social de José Luis Escrivá. «El Gobierno se ha acostumbrado a legislar a golpe de real decreto y tendría que empezar a escuchar más a los otros partidos, si quiere tejer complicidades de cara al futuro», declaró Genís Boadella, diputado del PDeCAT, partido que ha registrado 24 enmiendas a la Ley del Ingreso Mínimo.
Unidas Podemos, por su parte, sostiene que el Ingreso Mínimo, con su actual diseño del decreto ley de hace un año, presenta un «mal funcionamiento». Como resultado de su tira y afloja con José Luis Escrivá, la formación moratación
La prestación alcanza a hogares en los que viven 682.808 personas, frente a los 2,3 millones que calculaba Seguridad Social
da ha presentado su propio paquete de enmiendas entre las que destacan: que la prestación se vincule a los ingresos obtenidos en el trimestre anterior, en lugar del último año, para cubrir situaciones de pobreza sobrevenida; que no computen para el acceso al IMV las ayudas por dependencia, ni que se excluya a quienes agoten un subsidio de desempleo y no tengan fuentes de ingresos Del mismo modo, proponen extender las ayudas de forma excepcional a toda persona que tenga reconocida una renta mínima a 31 de diciembre de 2020 y que se reduzca el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años para los menores de 30 años. También pide eliminar la obligación de acreditar una residencia legal, continuada e ininterrumpida de al menos un año en España a ciertos perfiles en situación irregular.
Entre enmienda y enmienda, lo que vienen a proponer los diversos partidos es dejar el esqueleto de la ley e ir recomponiéndola con otras piezas nuevas, ya que la actual no ha sido capaz de dar cobertura a miles de hogares sin ingresos, a personas sin hogar, ni a las que forman las colas del hambre, denuncia UGT.
Fuentes de la Seguridad Social reconocen a LA RAZÓN estos escollos, pero recalcan haber ido incluyendo reformas como eliminar el requisito previo de estar apuntado al SEPE, autorizar a la Seguridad Social a consultar el padrón en el INE, así como medidas para facilitar el acceso de las personas sin hogar. «Siempre hemos dicho que el IMV iba a ser una política que tendría una evaluación constante y por ello seguimos analizando posibles mejoras y nos gustaría que el trámite de enmiendas sirviera para ello», señalan. Además, «el principal problema» es el importante volumen de personas que a priori cumplirían los criterios y no han solicitado el IMV», según han detectado.