Calviño exonera a la reforma laboral de Rajoy
Según Economía, el problema se arrastra desde «décadas» atrás
Las vicepresidentas segunda y tercera del Ejecutivo mantienen desde hace meses un pulso, en ocasiones soterrado y en otras, público, a costa de cómo afrontar los cambios necesarios en el mercado laboral para acabar con su dualidad. La ministra de Trabajo no oculta, a todo el que la quiere oír, sus preferencias por derogar la reforma laboral adoptada en 2012 por el Gobierno de Rajoy. Sin ir más lejos, el pasado día 19 de mayo en el pleno del Congreso de los Diputados defendió su derogación ante el estupor de Nadia Calviño, cuya mirada reflejaba su oposición a tal medida. De ahí que, cada vez que se le brinda la oportunidad, la ministra de Economía aprovecha la ocasión para dejar claro que el problema se remonta a décadas atrás. Así lo aseguró ayer, una vez más, en una entrevista en Antena 3, en la que volvió a colocar los puntos sobre las «íes» en un segundo round contra las tesis de Díaz.
Calviño se subió de nuevo al cuadrilátero para negar que en la reforma de Rajoy esté el origen de los problemas del empleo como el paro juvenil, la temporalidad o la precariedad. A su juicio, «llevamos décadas con estos problemas». Por tanto, «no son imputables a una reforma o a una ley concreta». Así, salió al pasado, al ser interpelada, por su expresión corporal de desaire el pasado 19 de mayo mientras Díaz daba por hecho el fin de la reforma laboral de Rajoy. «Lo que queremos es poner en marcha un conjunto de reformas que modernicen nuestro mercado laboral. Estamos muy decididos a hacerlo de la mano de los agentes sociales, ése es el compromiso del Gobierno, es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer». El lenguaje utilizado ayer por Calviño es el mismo que el empleado en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, en el que se evita mencionar la reforma de Rajoy al hablar de desequilibrios arrastrados desde hace mucho tiempo. «Llevamos décadas con estos problemas y a ver si entre todos podemos remar en la misma dirección», solicitó una Calviño alejada de la retórica contra la reforma de 2012 de los mítines socialistas de 2019 y del acuerdo de gobierno con Podemos. Además, admitió que se está avanzando con más lentitud de la prevista en la recepción de los fondos europeos para reconstrucción. No obstante, espera que «antes de septiembre» se produzca ya un primer pago a los países, que en el caso de España ascenderá a casi 10.000 millones.
Mientras, Calviño realizaba estas declaraciones en Madrid, la vicepresidenta tercera desde Tenerife prefería pasar de puntillas sobre la polémica de la reforma laboral. En esta ocasión, optó por concentrar sus energías en su defensa de subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), que permanece congelado desde enero pasado. Así anunció que en los próximos días se dará a conocer si este año se produce su revalorización, en cuanto el comité de expertos culmine su dictamen y se aborde en la mesa de diálogo social. Díaz recordó que el Gobierno, cumpliendo con las recomendaciones europeas, desplegó esta comisión, que está formando parte del diseño de la nueva estructura salarial. Así lo avanzó tras haber suscrito junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el nuevo convenio para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de Canarias, dotado con 42 millones. En este sentido, destacó que el Gobierno ha entendido «desde el minuto uno» que la mejor política de rentas para combatir la pobreza laboral era su alza. La subida media de los convenios colectivos para este año oscila entre el 1,5% y el 1,8%. «Por tanto, no es demasiado justo que dejemos a los que más lo necesitan, con una pérdida de poder adquisitivo». Además, dio por sentado una nueva prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre si es necesario.
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