La Fiscalía y el juez discrepan sobre Cospedal
El Ministerio Público y Manuel García Castellón difieren en su interpretación del espionaje a Luis Bárcenas
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de llamar a declarar como investigada a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y de su marido, Ignacio López del Hierro, en la pieza separada sobre el espionaje a Luis Bárcenas, ha puesto de manifiesto las profundas discrepancias que mantienen el instructor y los fiscales de Anticorrupción que investigan el «caso Kitchen», Miguel Serrano y César de Rivas Verdes-Montenegro.
Mientras el juez ha citado a Cospedal a declarar para que aclare si intermedió para captar como confidente al chófer de Bárcenas Sergio Ríos Esgueva, a cambio de 2.000 euros mensuales pagados de los fondos reservados del Ministerio del Interior; la Fiscalía Anticorrupción considera que la «Kitchen» podría ser uno de los diferentes encargos que habría realizado la ex secretaria general del PP a Villarejo en interés personal y del partido, tal y como se especifica en un escrito de septiembre de 2020 en el que los fiscales habían reclamado la imputación de la ex presidenta de Castilla-La Mancha.
La tesis del Juzgado sitúa la génesis del espionaje el 8 de julio de 2013, cuando Bárcenas rompe de forma definitiva con el PP de Mariano Rajoy. El ex tesorero había ingresado en prisión el 27 de junio y se decidió a cambiar de abogado. El ex juez Javier Gómez de Liaño y su cliente decidieron tirar de la manta y reconocer la existencia de una caja B en el partido, que se nutría con donaciones ilegales de empresarios, algunos de ellos con contratos en Administraciones públicas gobernadas por el PP. Ese 8 de julio un abogado acudió a la cárcel madrileña de Soto del Real. Y el ex tesorero se sintió amenazado por este letrado, que no está imputado.
El 11 de julio de 2013, según las agendas de Villarejo, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se reunió con el comisario, que puso en marcha, tal y cómo anotó Villarejo, un «plan contra LB», que incluiría la intervención de las comunicaciones, registros y la citación de la mujer y el hijo del ex tesorero.
En ese momento Villarejo comienza a desplegar el operativo parapolicial, en el que también participó el también comisario Enrique García Castaño, alias «El Gordo», y el entonces máximo cargo policial, Eugenio Pino. Fue el propio Villarejo el que bautizó la operación como «Kitchen», «Cocina», «Cocinero» o «Cuisine» en referencia al que entonces era chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva. Al tratar de captarle
García Castaño, Ríos desconfió, y se puso en contacto con el inspector de Policía, Andrés Gómez Gordo. Este agente, que ahora es comisario, ejercía en ese momento el cargo de director general de Planificación, Documentación y Análisis en el Gobierno de Castilla-La Mancha. Pero, en realidad, ejercía de jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal.
Y es en este punto donde el juez García Castellón relaciona con la «Kitchen» a la ex secretaria general del PP, que está imputada por los delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Según las anotaciones de las trece agendas de Villarejo, Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, habrían participado en la captación de Ríos. El juez no le imputa nada más.
Por eso, en un auto de 31 de mayo, publicado por LA RAZÓN, García Castellón asegura que «no ha resultado acreditado» que la actuación desplegada por Villarejo y el resto de policías que participaron en el operativo parapolicial de «Kitchen» «fuese retribuida, pues no nos encontramos ante un encargo equivalente a los que se investigan en otras piezas de estas Diligencias, sino ante una actuación policial ilícita», especifica la resolución, que de esta forma descarta que el PP hubiera sufragado el espionaje.
Aquí es donde difiere el juez García Castellón con Anticorrupción. Los fiscales consideran vitales los precedentes al espionaje a Bárcenas encargado el 11 de julio de 2013 por Francisco Martínez a Villarejo. Y recuerdan, en concreto, la reunión que Cospedal, su marido y Villarejo mantuvieron en secreto en 2009 en la sede nacional del PP en la Calle de Génova. Ahí, López del Hierro anunció al comisario su intención de realizarle «encargos puntuales» al partido.
Uno de estos encargos, según plasma la Fiscalía Anticorrupción en un informe de 24 de mayo fue informar a cargos del PP de las actuaciones judiciales en los casos «Gürtel» y «Brugal», que afectaban a integrantes del PP en la Comunidad Valenciana.
Pero las agendas de Villarejo muestran también anotaciones que identifican otro de los supuestos trabajos realizados por Villarejo para Cospedal. Este sería anterior a la «Kitchen», y en el sentido contrario: defender a Bárcenas de las pesquisas que se habían iniciado en el Tribunal Supremo, pues el ex tesorero compaginaba este cargo con el de senador por Cantabria.
El 22 de abril de 2012 Villarejo anota en una de sus agendas: «OLI (José Luis Olivera Serrano). Le piden ayuda para salvar al tesorero». El 24 de abril, el polémico mando policial incluye otra nota que vincula a la ex secretaria general del PP con el comisario: «Charla breve. MD (María Dolores de Cospedal) agradeció aviso de BARC».