Madrid y País Vasco encabezan la rebelión contra Sanidad
Ayuso denunciará en la Audiencia las restricciones de Darias a la hostelería y las boicoteará junto con más comunidades
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud sobre la nueva declaración de actuaciones coordinadas frente a la Covid19 . La medida ha provocado la reacción de varios gobiernos autonómicos, que la consideran una «imposición», e incluso algunos señalan que podría vulnerar sus competencias. Por ello, varias regiones se plantean llevar esta norma a los tribunales.
Así, el consejero de Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid, Enrique López, anunció que recurrirán ante la Audiencia Nacional la orden publicada en el BOE. El consejero defendió continuar con las medidas contra la pandemia establecidas en la legislación autonómica, «que son mejores que las que pretende el Gobierno». López sostiene que estos acuerdos son «ilegales» y «una auténtica barbaridad» desde el punto de vista sanitario. Además, acusó al Gobierno central de «invadir» competencias.
El Gobierno V asco también mostró su oposición alas nuevas restricciones, y considera que siguen en vigor las medidas preventivas que aprobó el pasado lunes. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo el jueves que su Ejecutivo «mantendrá su hoja de ruta» en la lucha contra la pandemia porque se ha demostrado «eficaz».
No obstante, el PSE, socio de gobierno del PNV, quiso rebajar el tono de confrontación con Sanidad y considera que el acuerdo aprobado por el Consejo Interterritorial incluye una« cláusula de contextualiza ción» que permite« atender a las especificidades que se dan en las comunidades autónomas respecto a distintos aspectos relacionados» con las medidas para combatir la Covid-19.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, criticó en Twitter que el Gobierno central se obceque en aumentar las restricciones, que «tanto daño hacen» a la economía, en un momento en el que los indicadores sanitarios se encuentran «a la baja» por la vacunación.
«Que el Gobierno de España no cuente con Andalucía para arruinar definitivamente a la hostelería». Así de tajante se manifestó el portavoz de la Junta de Andalucía y del PP-A, Elías Bendodo, manifestando su rechazo a las nuevas restricciones. Finalmente, Galicia insistió en no aplicar las medidas del Gobierno para la des escala da hasta saber «si son obligatorias». «La asesoría jurídica está terminando de analizar hasta qué punto las comunidades y, por lo tanto, la Xunta, estaríamos obligadas a seguirlas», señaló el vicepresidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda.