La burocracia retrasa las ayudas a las empresas hasta agosto
La mayoría de autonomías no ha lanzado la convocatoria para poder apuntarse
Todas las comunidades autónomas rubricaron el mes pasado con el Ministerio de Hacienda el convenio exigido por el Gobierno para acceder a los 7.000 millones aprobados en el Plan de ayudas directas para pymes y autónomos, que ya han sido transferidos. Sin embargo, apenas cinco de los 17 gobiernos autonómicos han abierto ya sus convocatorias oficiales para iniciar los trámites de la concesión de los importes a los primeros solicitantes. Así, 12 comunidades todavía se encuentran en la fase de tramitación previa, por lo que los ciudadanos de sus comunidades sufrirán un nuevo retraso en las ayudas, que no podrán cobrarse al menos hasta mitad de verano, «en el mejor de los casos», apuntaron fuentes de las patronales, que creen que la mayoría de empresas y autónomos no verán el dinero hasta finales de julio o agosto, seis o siete meses después de haberlas anunciado. «Para miles de negocios será ya muy tarde», reiteran.
De todas ellas, únicamente la Comunidad de Madrid ha presentado la primera lista de solicitantes a la Agencia Tributaria y ha sido la primera que ha desembolsado ya los primeros fondos a sus beneficiarios. Estos fondos están ya en las arcas regionales, por lo que depende ya exclusivamente de las regiones su puesta en circulación, aunque es la Agencia Tributaria la que debe autorizar cada una de las peticiones y beneficiarios. Otras dos comunidades, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, abrieron la semana pasada convocatoria pública, y Murcia y Castilla-La Mancha lo harán esta, pero las cuatro aún están en proceso de recepción de solicitudes, por lo que no tienen el visto bueno de la Agencia Tributaria y, por tanto, no tienen la autorización para iniciar los pagos. Las 12 restantes, junto a las dos ciudades autónomas, ni tan siquiera han abierto los plazos. Se espera estén listos a mediados de junio–, por lo que las primeras ayudas no se empezarán a repartir en estos territorios, como mímimo, hasta mediados de julio, aunque la mayoría será ya en agosto.
Castilla-La Mancha y Murcia ya han aprobado los correspondientes decretos en sus parlamentos regionales. Las empresas castellano-manchegas tendrán a su disposición 206 millones, que podrán empezar a solicitarse esta misma semana. En el caso de Murcia, el pasado sábado ya se publicó en el BORM regional la convocatoria, por lo que el plazo de presentación de solicitudes se abrió ayer mismo. El plan está dotado con 142,5 millones, de los que se podrán beneficiar hasta 22.000 negocios, según las previsiones autonómicas.
Las comunidades tenían la potestad de ampliar el número de sectores a los que se daría cobertura con estas ayudas, desde los 95 oficiales reconocidos por el Gobierno central. Varios gobiernos regionales han criticado esta medida, ya que podría crear serias diferencias entre comunidades, al haber sectores que podrán pedir subvenciones en un territorio pero en otro no. Por ejemplo, Madrid ha elevado de 95 a 120 el
La mayoría de regiones no abrirá los plazos de solicitud del Plan de Ayudas Directas hasta mediados de junio
Solo Madrid ha presentado su lista de beneficiarios a la Agencia Tributaria y ha pagado las primeras ayudas
de sectores beneficiarios, mientras que Castilla-La Mancha ha multiplicado por cuatro las actividades económicas con acceso directo, hasta 395.
Fuentes de la Agencia Tributaria apuntaron a este diario que los retrasos no tienen nada que ver con su gestión, ya que todo está en manos de las comunidades autónomas una vez que se transfirieron los fondos aprobados. «Estamos a la espera de que la mayoría presente sus solicitudes. El hecho de que algunas ya hayan publicado convocatorias no quiere decir que tengamos los datos, porque se necesita un plazo de apertura de solicitudes para que las empresas se apunten. Evidentemente, hasta que no se cumpla ese plazo no nos pueden mandar los datos». Lo que sí reconocen es que aunque el proceso de autorización sería una cuestión rápida, la demora puede llegar por «incumplimientos de requisitos y desacuerdos en los fondos asignados». Una causa más que unir al retraso, que se sumaría a los plazos de convocatoria, las fechas de presentación de solicitudes y la fijación de cuantías –entre 3.000 y 200.000 euros según el tamaño de la empresa–.
La mayoría de comunidades autónomas han criticado abiertamente los requisitos y el planteamiento aprobado para estas ayudas, tanto por el exceso de burocratización como por los requisitos exigidos para acceder al dinero, ya que centenares de miles de empresas en problemas y con pérdidas se quedarían directamente fuera. Según estimaciones de las patronales y las asociaciones de autónomos, al menos una de cada tres empresas no podrá presentar una solicitud, y advierten que otros muchos miles que podrían optar a recibirlas ni siquiera lo intentarán ante las exigencias burocráticas. De este modo, los afectados podrían ser la mitad de las empresas registranúmero
das, casi 1,5 millones. En el caso de los autónomos, acceder a estas ayudas se complica aún más por una simple cuestión de fechas de sus obligaciones tributarias.
Otras de las críticas generalizadas ha sido la exigencia de que las ayudas solo se autorizarán para el pago de deudas y costes fijos que se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, «cometiendo un agravio comparativo con los que sí han cumplido con sus pagos y deudas, pero están en crisis o han perdido más del 30% de su facturación. Eso no es justo», cargan desde Cepyme.
Esta semana será clave en la mayoría de autonomías, ya que sus parlamentos deben dar luz verde a los convenios y abrir las consiguientes convocatorias, paso previo para la apertura de solicitudes y el pago de las ayudas. Un proceso administrativo que puede demorarse entre dos y cuatro semanas más.