La Eurocámara pretende convertir el aborto en un «derecho humano»
Grupos provida se movilizan contra una resolución que se votará en pleno este mes
Grupos provida como Derecho a vivir están intentando frenar la aprobación del conocido como informe Matic, en el que se define el aborto como un «derecho humano». «Derecho a Vivir necesita tu ayuda para salvar vidas contrarrestando la presión internacional a favor del aborto en el Parlamento Europeo. ¡Tenemos que detener esta cultura de la muerte!», reza la petición para conseguir firmas, con el fin de intentar convencer a los «eurodiputados indecisos del Partido Popular Europeo».
Se trata de una resolución no vinculante que ya ha sido aprobada por la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Eurocámara y que ahora debe pasar el visto bueno en sesión plenaria. Se denomina informe Matic, ya que su ponente es el socialdemócrata de origen croata, Predrag Fred Matic
En este informe, que aún puede ser enmendado o rechazado, se analizan diversos aspectos de la «salud sexual y reproductiva» de las mujeres y abarca desde la situación del colectivo LGTBI, la educación en igualdad, o la pobreza menstrual de las mujeres y la necesidad de bajar el IVA de tampones y compresas. El capítulo más controvertido llega con el llamamiento a los Estados miembros a la hora de «descrimilos nalizar el aborto, así como a eliminar y combatir los obstáculos al aborto legal». Además, el texto invita a los «Estados miembros a revisar sus disposiciones sobre el aborto para que estén de acuerdo con los estándares de legalidad internacional y las mejores prácticas para asegurar que el aborto sea legal en la etapa temprana del embarazo y, cuando sea necesario, más allá de este periodo, si la salud de la persona embarazada o su vida está en peligro». Además recalca que «una prohibición total del aborto o una negativa a los cuidados del aborto son una forma de violencia de género».
Según explica Margarita de la Pisa eurodiputada de Vox, esta definición del aborto resulta tan amplia que prácticamente ninguno de los Estados miembros la cumpliría -incluso aquellos con una legislación menos restrictivaya restrictivaya que no «aparecen plazos, diferentes supuestos, ni periodos de reflexión entre el momento de la primera consulta y la toma de decisión de abortar. En España este lapso de tiempo obligatorio es de tres días». Según explica a LA RAZÓN, aunque el aborto es una competencia nacional, en este dictamen se alude al Derecho Internacional de obligado cumplimiento y los criterios de la Organización Mundial de la Salud, lo que redunda en una «pérdida de soberanía de los Estados» que contraviene los fundamentos del Derecho comunitario.
Cláusula de conciencia
Sobre la posibilidad de que los médicos ejerzan la libertad de conciencia y se nieguen a practicar abortos, el texto reconoce que «por razones personales, los médicos de manera individual puedan invocar esta cláusula de conciencia», pero subraya que ésta no debe «interferir en los derechos de los pacientes a la hora del pleno acceso a los servicios de salud» y hace un llamamiento a Estados miembros «a tener en cuenta estas circunstancias en sus disposiciones geográficas de los servicios de salud».
Además, el dictamen también «lamenta que a veces la práctica común en los Estados miembros permita a los responsables médicos y, en algunos casos instituciones médicas enteras, rechazar estos servicios médicos en base a esta cláusula de conciencia, lo que conduce a la negativa al aborto basado en la religión o la conciencia, lo que pone en peligro la vida y derechos de las mujeres». El texto también subraya que «esta cláusula también se utiliza en situaciones en las que cualquier retraso puede poner en peligro la vida de la paciente o su salud».
Aún se desconoce cuándo se votará finalmente este informe, aunque podría ser en la próxima sesión plenaria de los días 23 y 24 de junio. De la Pisa, cuyo partido forma parte de la familia conservadores y reformistas europeos junto a los conservadores polacos, considera que la balanza puede inclinarse según la posición de los Populares. En la comisión parlamentaria, la única miembro de esta familia política que votó en contra fue la española Rosa Estarás. El dictamen salió a favor con 27 votos a favor, 6 en contra y una sola abstención.
Según recuerda Estarás a LA RAZÓN, «lamentablemente debido a las sucesivas menciones al aborto como derecho humano nos hemos visto obligados a votar en contra. En este informe se resalta que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, incluso se pide explícitamente que se reconozcan como tal, obligando a los Estados miembros a garantizar el acceso a una serie de servicios vinculados a ellos. No obstante, estamos a favor de las menciones que se hacen sobre la importancia de proteger y garantizar la salud de las mujeres, incluyendo las normas en materia de asistencia sanitaria materna, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, entre otros», explica la parlamentaria.
Según De la Pisa, a pesar de que muchos miembros del Partido Popular Europeo están a favor del aborto considerado como un derecho, de cara al pleno se están agudizando las divisiones no sólo sobre los límites de la interrupción del embarazo sino también por lo que supone este dictamen en cuanto a la intromisión en competencias de los Estados miembros.
El texto recalca que una negativa total a la interrupción voluntaria del embarazo es una forma de violencia de género