Piden 6 años de cárcel para Miquel Buch por asignar escolta a Puigdemont
La Fiscalía le acusa de los delitos de prevaricación y malversación de fondos
La Fiscalía Superior de Cataluña reclama en su escrito de acusación seis años de prisión y 27 años de inhabilitación para el ex conseller de Interior Miquel Buch a seis años de prisión por, supuestamente, facilitar un servicio de escolta al ex presidente Carles Puigdemont en Bélgica y crear una plaza de asesor para que esta labor corriera a cargo del erario público. La acusación atribuye a Buch delitos de malversación y prevaricación y solicita también cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación para el mosso Lluis Escolà Miquel, la persona que realizó esta labor.
El fiscal Pedro Ariche sostiene que Buch decidió facilitar a Puigdemont un servicio de protección en el extranjero con «personas de su estricta confianza a costa del erario público», para lo que supuestamente nombró a Escolà asesor de la conselleria para que escoltara al expresidente.
La acusación calcula que el sueldo de Escolà como asesor durante ese tiempo superó los 52.700 euros en total, y sostiene que no hizo funciones de asesor del conseller --tacha sus informes de estar «plagados de generalidades, por corresponderse con la recopilación de otros textos»-- y lista 18 viajes a capitales europeas en los que el sargento supuestamente dio protección a Puigdemont.
En el escrito, el fiscal afea que Buch designó a Escolà como aseque sor en sistemas de seguridad en «un acto de mera arbitariedad» y con la única intención de que escoltara a Puigdemont a pesar de que el Tribunal Supremo (TS) ya le había declarado en rebeldía por no comparecer en la causa por el 1-O.
Para el juicio, que será en la Audiencia de Barcelona, el fiscal propone interrogar como testigos a varios mossos y al entonces director del cuerpo, Andreu Martínez.
También pide interrogar al sucesor de Martínez, Pere Ferrer, que entonces era el jefe de gabinete de Buch, y al ex secretario general del Departamento Brauli Duart.
El fiscal sostiene que el sargento de la policía de la Generalitat prestó «servicio activo» en el cuerpo catalán hasta el 29 de octubre de 2017, siendo jefe del área de escoltas del entonces ‘president’. Dos días antes, el BOE publicó las medidas de aplicación del 155, que ordenaba, entre otras, el cese de Puigdemont. A partir de esa fecha, se mantuvo el dispositivo seguridad para el mandatario, pero reduciendo los efectivos.
El 28 y 29 de octubre del 2017, Escolà, atendiendo a la petición «expresa» de Puigdemont, se presentó en el domicilio de este en Sant Julià de Ramis, en Girona, y organizó, con la ayuda de otros dos mossos, un dispositivo «clandestino» que les permitió acompañar al ex president hasta Francia, donde tomó un avión lo condujo a Bélgica. A raíz de una investigación interna, el policía imputado fue trasladado a la comisaría de Martorell de forma provisional, donde, después de su incorporación, cogió la baja laboral.
La fiscalía concreta que desde el 30 de octubre del 2017 hasta el 20 de julio, Escolà «no ejecutó un solo de servicio activo» y, en cambio, realizó numerosas salidas al extranjero, «al objeto de prestar labores de custodia y seguridad» para Puigdemont, «a requerimiento del mismo y en aras a la relación de mutua confianza que mantenían». Así viajó en esa época a Bruselas y Lovaina (Bélgica), Copenhague (Dinamarca) y Hamburgo (Alemania).
Después de los intentos para que Puigdemont continuara teniendo las prerrogativas como ex president, el 12 de julio del 2018 el entonces director general de la policía, siguiendo instrucciones de Buch, dirigió una carta a la secretaria de Estado de Seguridad en la que le instaba a dar las instrucciones para organizar la seguridad del ex mandatario.
Según el fiscal, Escolà, atendiendo a la petición «expresa» de Puigdemont, organizó un dispositivo