Ghali reclama el archivo porque las querellas contra él son «políticas»
Su defensa ensalza el «loable esfuerzo» del líder polisario al declarar desde el hospital
Brahim Ghali considera que las querellas por genocidio, torturas y detención ilegal que mantiene abiertas la Audiencia Nacional contra él son de carácter «político» y que su único objetivo es utilizar al tribunal «para evidenciar la oposición frontal del régimen marroquí contra el Frente Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática (RSAD)».
Así lo asegura el abogado del líder polisario en el escrito en el que pide al juez Santiago Pedraz que acuerde el archivo de las investigaciones contra Ghali y los otros 27 querellados y reprocha a las acusaciones que utilicen el proceso penal «para fines espurios y ajenos a la acción de la Justicia».
En ese escrito –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, el letrado Manuel Ollé califica la imputación de torturas a Ghali –que en la madrugada del pasado día 2 regresó a Argelia tras más de un mes ingresado en un hospital de Logroño convaleciente del Covid– como «genérica e inconsistente».
Respecto a las denuncias de dos de los querellantes, Hosein Baida y Dahi Aguai, sostiene que ninguno «describe las concretas y supuestas torturas» ni «circunstancia temporal alguna, como día, lugar o momento concreto». Y señala que en su declaración judicial los testigos propuestos por ambos negaron, «en abierta contradicción» con los denunciantes, que Brahim Ghali fuera autor o partícipe de tortura alguna».
La defensa de Ghali niega también la acusación de genocicio. «El único genocidio cometido es de las autoridades civiles y militares (marroquíes) contra el pueblo saharaui», subraya. Al tiempo que mantiene que los hechos denunciados, de haberse producido en los términos que los relatan los denunciantes, supondrían «una represión sufrida por desacuerdo de esas presuntas víctimas con las órdenes emanadas del Frente Polisario».
Para las acusaciones, recuerda, «todas las víctimas se integrarían en un grupo saharaui de origen español» y sus torturadores serían «los saharauis pro argelinos», algo que tilda de «invento inconsistente» que solo persigue «mantener artificialmente» la imputación de genocidio.
«No existe evidencia alguna ni en la literatura, ni en la política, ni la sociología, ni en la historia, ni en el derecho internacional, ni en resolución alguna de ningún organismo internacional – argumenta– de que existiera en la historia del pueblo saharaui una suerte de subgrupo, con identidad propia y características estables, que se conformase como un grupo nacional saharaui pro español».
Y en todo caso, hace hincapié, los hechos habrían prescrito porque porque la Audiencia Nacional admitió a trámite la primera querella contra Ghali en agosto de 2012 y las denuncias hacen referencia «siendo generosos» a acontecimientos que se habrían producido en 1985, por lo que habrían transcurrido más de veinte años hasta que la Justicia española abrió diligencias.
El abogado ensalza el «loable esfuerzo físico y psíquico» del líder del Frente Polisario al declarar el pasado día 1 por videoconferencia ante el juez Pedraz «postrado en la cama de un hospital de Logroño», algo que en su opinión demuestra su intención de «colaborar con la acción de la justicia, dadas las condiciones en las que encontraba».
Y en cuanto las torturas a dos supuestas víctimas que le atribuye la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadedh), se remite a la declaración del propio Ghali, quien «explicó sus funciones de ministro de Defensa, dedicado exclusivamente a la guerra con Marruecos, que lamentablemente se extendió por 16 años». «No es difícil imaginar –añade– en el contexto de la situación que estaba viviendo el pueblo saharaui en la época en la que se trata de enmarcar los hechos, que el ministro de Defensa –como él declaró– era ajeno a cualquier centro de detención, centros que funcionaban de forma autónoma y con una dirección independiente». Y es que en esas fechas, recalca el letrado, Ghali «carecía de funciones organizativas en la dirección de las prisiones».
Y es que según su criterio, concluye, los hechos que se le imputan «son inexistentes». «A la inocua versión de los propios querellantes –añade– se une las diligencias de prueba practicadas, a instancias de la propia acusación particular, que terminan por fulminar su interesada y espuria versión incriminatoria». Por eso reclama a Pedraz que imponga el pago de las costas a las acusaciones por su «temeridad, mala fe y reprochable desprecio por la verdad».