Sánchez lleva al TC la ley de vivienda catalana que limita los alquileres
No pide su suspensión cautelar, alegando que pronto aprobará su ley de vivienda
El Gabinete de Sánchez ha decidido llevar al Tribunal Constitucional la norma de vivienda del Ejecutivo catalán que topa los precios de los alquileres por considerar que vulnera competencias estatales. Sin embargo, no demanda la suspensión cautelar de la misma, con el argumento de que en breve estará lista la ley de vivienda de Ábalos, una vez consiga superar sus desavenencias con su socio gubernamental Unida Podemos. Así lo puntualizó este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros.
El Gobierno aprobó la impugnación de los artículos 1, del 6 al 16; las disposiciones adicionales de la primera a la cuarta; la disposición transitoria primera y la disposición final cuarta letra b. «Entendemos que vulnera las competencias estatales en esta materia». Este fue el argumento esgrimido por la ministra en defensa del recurso de inconstitucionalidad, recomendado, en su día, por el Consejo de Estado, tras ser consultado por el Ministerio de Política Territorial.
Según Montero, el Ejecutivo no ha solicitado la suspensión cautelar de la norma catalana, entre otros motivos, porque la futura ley estatal de vivienda incorporará muchos de los elementos que «ahora por competencia» se recurren ante el Alto Tribunal. Esta decisión se produce después de seis meses de diálogo frustrado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña en la respectiva comisión bilateral. Además, Montero expresó su confianza en que las negociaciones que mantienen los socios gubernamentales sobre la futura ley de vivienda lleguen a buen puerto antes de las vacaciones estivales, aunque tampoco descartó que lo hagan después del paréntesis estival.
Fondo de recapitalización
El Consejo de Ministros aprobó ayer también las normas de funcionamiento del fondo de recapitalización de 1.000 millones para empresas viables afectadas por la pandemia. Este fondo estaba ya previsto en el real decreto de ayudas que aprobó en marzo pasado por 11.000 millones, de los que 7.000 millones correspondieron a ayudas directas a pymes y a autónomos. En este fondo, el Consejo de Ministros mandata a Industria para que directamente o a través de Cofides, sociedad mercantil estatal que gestiona el mismo, se asegure de su puesta en marcha en los 30 días siguientes a la autorización de la Comisión Europea. El fondo de recapitalización tiene como finalidad fortalecer y recuperar la solvencia de empresas de mediano tamaño de cualquier sector, con un importe neto de la cifra de negocios de entre 15 y 400 millones. Una de las condiciones imprescindibles para acceder al mismo es que las compañías sean viables a medio y largo plazo, pese a que sus balances estén deteriorados por la pandemia. Las operaciones financiadas con el fondo tendrán un importe de entre 4 y 25 millones por beneficiario. Con cargo al mismo, se prestará apoyo público temporal bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible, mediante instrumentos de capital e híbridos.