Los jueces achacan al papel del Ayuntamiento el suicidio del desahuciado
Aseguran que «faltaba la documentación» mientras el Consistorio reclama una «interpretación garantista» de la ley
Los jueces aseguran que realizan un análisis ponderado de cada caso y aplican las suspensiones cuando toca
No suele ser habitual que los jueces designen a un portavoz para rebatir opiniones políticas. De hecho cuesta pensar en la última vez que ocurrió algo así. Pero el suicidio el lunes de un desahuciado y la fulminante respuesta del Ayuntamiento obligaba a responder. Al fin y al cabo, nada más conocerse la tragedia, tanto la alcaldesa como varios de sus concejales salieron en tromba a señalar el papel de los jueces en los más de 60 desahucios que se viven cada semana en Barcelona. Así las cosas, el coordinador de los juzgados de primera instancia de Barcelona, Roberto García Cenicero, se multiplicó ayer para dar su versión en todos los medios de comunicación posibles. García Cenicero aseguró que es «absolutamente injusto» que se culpe a los jueces de los desahucios de personas vulnerables. Reconoce que seguramente «todos» lo podrían haber hecho mejor, pero recordó que, aunque contaba con informes de vulnerabilidad de los servicios sociales, el abogado del inquilino debería haber aportado documentación para acreditar cuestiones relativas a su nivel de ingresos y a su situación laboral o patrimonial.
A raíz de ese caso, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exigen a los juzgados que revisen los criterios con los que deciden aplicar la moratoria vigente para desahucios de personas vulnerables.
La concejala de Vivienda, Lucía Martín, por su parte, acusó al juez que autorizó el lanzamiento de haber cometido «un error gravísimo». A su juicio, en caso de que faltara algún documento debería haberse puesto en contacto con los Servicios Sociales. Martín apuntó que esta era la primera orden de lanzamiento que tenía este vecino, y que justamente la moratoria habría servido para «ganar tiempo» y negociar con la propiedad, o poder buscarle otra alternativa de vivienda. García Cenicero negó la mayor y aseguró aseguró que hay una «incapacidad manifiesta de todos los Servicios Sociales» para garantizar una vivienda en estos casos. También la alcaldesa, Ada Colau, apuntó contra los jueces y pidió el lunes que revisen los criterios con los que aplican la moratoria vigente por los desahucios de personas vulnerables.
En opinión del magistrado, los jueces de primera instancia están haciendo un análisis ponderado de cada caso y están aplicando suspensiones de manera generalidad. lizada a los inquilinos que no pueden pagar el alquiler si los informes concluyen su situación de vulnerabilidad, lo que les obliga a estar permanentemente «casi de guardia», y están aplicando suspensiones «de forma generalizada» a inquilinos que no pueden pagar el alquiler si los informes concluyen que están en situación vulnerable.
García Carnicero afirmó que las críticas de diferentes líderes políticos «molesta» porque ellos representan la parte legislativa, mientras que son las administraciones las que deben procurar una solución de vivienda a los afectados.
García asegura que la moratoria a los desahucios aprobada por el Gobierno raíz de la pandemia «se está aplicando como toca», después de que ayer se suicidara en el barrio barcelonés de Sants un hombre que iba a ser desahuciado por no pagar el alquiler, pese a que los informes de servicios sociales acreditaban su vulnerabilidad. Revela que entre los jueces «molesta» que «ciertos líderes políticos estén recriminando la actuación de los juzgados» cuando son el legislativo y el ejecutivo los que deben garantizar los medios para que se pueda procurar una solución habitacional a los afectados. Según el magistrado, la respuesta de los servicios sociales ante los casos de personas que alegan vulnerabilidad son «intentos de mediación o de recomendación de la suspensión del lanzamiento, pero esa no es la solución, sino dar una cobertura» a los afectados.
El Ayuntamiento atiende actualmente entre 50 y 60 casos de desahucios semanales de personas en situaciones de vulnerabiMartín vulnerabiMartín recordó que gracias al trabajo de la unidad antidesahucios consiguen detener un 93% de los casos. En el resto, sin embargo, se ven obligados a llegar a la puerta de la casa el día del lanzamiento. Es decir, lo que pasó este lunes con el vecino de Sants, cuando tres miembros de los equipos antidesahucios se presentaron a la vivienda.Martín también calificó de «error grave» la voluntad del Gobierno de presentar un recurso al Tribunal Constitucional a la ley catalana de alquileres, que establece un precio máximo en las zonas más tensionadas. «Lo que necesitamos es una ley que blinde la normativa catalana y que permita que se extienda a todo el estado». Justamente, este lunes ya se convocó una protesta ante la sede del PSC, contra el recurso del gobierno de Pedro Sánchez.