Los CDR tenían como objetivo atentar contra la Guardia Civil y la Fiscalía del TSJ catalán
Un informe de la Benemérita les señala como grupo con «fines terroristas». Investigaron a Casado y Villegas
El inspector que investigó el «caso Gürtel» y la «caja B» del PP, Mael juez que investiga el «caso Kitchen» sobre el espionaje a Luis Bárcenas que sus jefes en la Policía le prohibieron que citara en Javier Arenas, según fuentes identidades de los populares que habían cobrado de lbieron que citara en Javier Arenas, según fuentes preque no incluyera las identidades de los populares que habían cobrado de la «caja B». a «caja B». También le oficio policial al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general Cospedal, cuyo nombre tam fgfgfd fgfd gfdgdfgdfgdfgdfgdfg dfgdfbién fue «borrado».
Tras dos años de investigación, la Guardia Civil no tiene dudas de que los trece miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), la mayoría detenidos en septiembre de 2019, formaban parte de una «organización criminal con fines terroristas» que tenía como objetivo contribuir a conseguir la independencia de Cataluña mediante acciones violentas.
Y para alcanzar ese fin, se pusieron manos a la obra con una «intencionalidad clara»: la adquisición de «conocimientos y práctica suficiente para la fabricación ilícita de sustancias explosivas», incendiarias o deflagrantes, «sirviéndose de sendos laboratorios ilegales y de estructura casera».
Así lo asegura un informe del Servicio de Información del Instituto Armado en Cataluña del pasado 20 de mayo –remitido al juez de la Audiencia Nacional Manual García Castellón– en el que señala que fue el denominado «CNI catalán» el que encomendó a esta ramificación violenta de los CDR el asalto al Parlament como respuesta a la sentencia del «procés».
En el informe de 103 páginas –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– la Guardia Civil determina que el Equipo de Respuesta Táctica del que formaban parte los investigados (siete de los cuales llegaron a ingresar en prisión preventiva y cuya libertad fue reclamada en el propio Parlament por JxCat, ERC y la CUP) «fue conformado por individuos pertenecientes a diferentes Comités de Defensa de la República quienes, a través de su participación en diferentes acciones promovidas por dicha entidad, demostraron un especial compromiso, radicalidad y predisposición al empleo de medios violentos». En la línea de lo que mantienen tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como Acvot, la asociación catalana de víctimas del terrorismo, que ejerce la acusación en el procedimiento, y que parece no tener tan claro la Sala de lo Penal, que expresó sus dudas sobre el carácter terrorista de sus actividades en los albores de la investigación.
El ERT era, en definitiva, el encargado de llevar a cabo «las acciones más sensibles, siguiendo la línea estratégica de los CDR» (cuyos cometidos iban más allá de garantizar la celebración de referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017), unas actuaciones que requerían «un plus de compromiso y profesionalidad en su ejecución». Su objetivo, precisa, era «subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada».
Para el Instituto Armado no hay duda de que «las actividades ilícitas» que se les atribuyen (que incluyen la elaboración de explosivos) «atendían a una finalidad única, que no era otra que la de coadyuvar a la independencia del territorio de Cataluña». Era precisamente su pertenencia a los CDR así como su «activismo y significación política» lo que constituía «el elemento ideológico cohesionador» entre los imputados.
Atribuye a su rama más radical, los ERT, «una evidente escalada de violencia» con el fin de lograr la independencia
De hecho, la Guardia Civil atribuye una «labor fundamental» a los ERT en la «planificación del asalto, ocupación y defensa del Parlament de Cataluña». «El ERT recibe y acepta del colectivo clandestino denominado «CNI catalán» a través de la persona de Xavier Buigas» –considerado por el instructor el segundo integrante con mayor peso dentro de la supuesta organización criminal y cuyo cometido era coordinar a ambos equipos– «el encargo de participar en el asalto, ocupación y defensa del Parlament de Cataluña llegado el denominado día “D”, con la finalidad de producir un efecto desestabilizador en el Estado español» tras hacerse pública la sentencia del «procés».
La Guardia Civil atribuye a los ERT «una evidente escalada de violencia, encuadrada en una estrategia de parte del separatismo en la que desarrollan un papel fundamental los CDR, y que pretende desbordar la tradicional movilización social de otras organizaciones separatistas mediante la ejecución de acciones de mayor impacto y efectividad» para materializar la «República catalana».
Sus integrantes formaban parte de «un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a “la causa”».