El juez sienta en el banquillo a Jordi Pujol y sus siete hijos
La Audiencia los juzgará por asociación ilícita, delitos fiscales y blanqueo
Era el último paso que faltaba para sentar en el banquillo a la familia Pujol. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abrió ayer juicio oral contra el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus siete hijos por integrar presuntamente una asociación ilícita que se habría enriquecido durante décadas con supuestas actividades corruptas aprovechando su preponderante posición política en Cataluña. Además, da diez días al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para que deposite 7,5 millones de euros (400.000 en el caso de su ex mujer Mercé Gironés) para cubrir posibles responsabilidades civiles. La Fiscalía pide en total 92 años de cárcel para la familia Pujol, que ahora tendrán que formalizar sus escritos de defensa ante el tribunal.
Quien no irá a juicio será la esposa del ex president, Marta Ferrusola, a la que se referían en clave como la «madre superiora» y a quien el juez apartó de la causa por una demencia sobrevenida. Si lo harán otras once personas, entre ellas la propia Gironés y varios empresarios. Todos ellos seguirán en libertad a la espera de que se celebre el juicio, pues el magistrado no ve necesario la imposición de medidas cautelares para asegurar su presencia en las sesiones de la vista oral.
La Fiscalía –que pide nueve años de cárcel para Jordi Pujol y 29 para su primogénito– imputa a los procesados delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, frustración en la ejecución y hasta siete delitos contra la Hacienda Pública. La Abogacía del Estado, sin embargo, no acusa al ex president y solo dirige su acción penal contra Jordi Pujol Ferrusola (para quien reclama reclama una condena de 25 años de prisión), su ex esposa y uno de sus hermanos, Josep Pujol Ferrusola.
Anticorrupción pide penas de ocho a 29 años de prisión para los siete hijos de Pujol. Según el Ministerio Público, «actuando conjuntamente ocultaron, al menos desde el año 1991, una ingente cantidad de dinero en Andorra, producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana».
Según el relato de la Fiscalía, el ex president acordó con Marta Ferrusola «que los fondos procedentes de la actividad ilícita ejecutada durante los años anteriores se distribuyesen en cuentas abiertas a nombre de ésta y de sus hijos» en Andorra. Y decidieron que fuera su hijo Jordi quien «gestionara los fondos y se ocupara de distribuirlos entre el resto de miembros de la familia».
El ex president, resalta, «aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo» a través de la cual Pujol y determinados empresarios afines a Convergencia «se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos» en manos de diferentes administraciones catalanas «bajo el control de CDC».