El Ministerio de Irene Montero es el que más contratos «a dedo» otorga
Seis de cada diez siguieron este procedimiento poco transparente
El Tribunal de Cuentas analizó la contratación menor celebrada por los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes en el ejercicio 2016 y concluyó que el número de contratos menores celebrados por los Ayuntamientos representaba un porcentaje elevado respecto del total de sus contrataciones, que oscilaba entre el 77,82 % de Zaragoza y el 96,80% de Valencia. Dice el informe que esta contratación «es consecuencia de una defectuosa planificación de las actuaciones precisas para cubrir las necesidades públicas».
Los contratos menores son un tipo de contratación que las administraciones públicas utilizan para acelerar las contrataciones de obras o servicios al no requerir publicidad ni concursos. Con ello evitan meses de demora mientras concluye el plazo de presentación de ofertas, su estudio por la mesa de contratación, la propuesta de adjudicación, el análisis de posibles recursos y la resolución.
Aunque son legales y suponen uno de los recursos con los que cuentan los organismos públicos, su abuso despierta recelos entre algunos expertos y el conjunto de la sociedad ya que, comúnmente conocidos como contratos a dedo, despiertan ciertas suspicacias por su falta de transparencia. Aun así, el 63,6% de los contratos de la administración ha seguido este procedimiento en lo que va de año.
A mediados del mes de febrero de este año, la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, licitó un servicio de los trabajos preparatorios para abordar una regulación integral de la trata de seres humanos, con especial incidencia en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El valor estimado del contrato era de 14.550 euros, aunque finalmente se adjudicó por 9.000 euros. El procedimiento de contratación fue «contrato menor», que permite pactar suministros y servicios hasta un importe máximo de 15.000 euros, IVA excluido, y, en el caso de las obras, hasta 40.000. De los diez contratos adjudicados por la cartera de Irene Montero, los diez se tramitaron por esta vía, según los datos recopilados por LA RAZÓN a través del Portal de Transparencia.
El de Igualdad no es el único organismo que entre el 1 de enero y el 31 de mayo optó por este procedimiento para contratar servicios u obras. Le sigue, en porcentaje de contratos de este tipo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya que de los 29 contratos firmados en los cinco primero meses del años, 28 de ellos fueron a través de esta categoría. A finales del mes de mayo, la cartera que dirige José Luis Escrivá, a través de la Subdirección General de Gestión Económica y Oficina Presupuestaria del Ministerio de Migraciones, licitó el suministro para la adquisición de literas de campaña con destino al CETI de Ceuta por 14.500 euros. «En la contratación se usa demasiado. La clave son la planificación, la excepcionalidad y la transparencia.
Y cuando son tantos es que no hay planificación, porque no son excepciones, y la transparencia brilla por su ausencia», asegura a LA RAZÓN, Esteban Umerez, especialista en derecho administrativo y contratación pública. De hecho, advierte del riesgo de abusar de esta contratación en las administraciones locales: «Se suele abusar de que una persona sea la que siempre hace los contratos, se relaja y luego ya no compite, por lo que la Administración pierde la oportunidad de conseguirlos al mejor precio posible y de la mejor calidad. Y la única manera de conseguir eso es que los operadores económicos compitan», razona.
Por otro lado, Concepción Campos, Doctora en Derecho, Máster en Derecho de las Administraciones e Instituciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela, señala que, «lamentablemente», la contratación pública se ha convertido «en una carrera de obstáculos en muchos casos, que hace que si dispones de una herramienta como ésta no sea atractivo utilizar otro tipo de procedimientos». Pero, en su opinión, «la normativa ofrece otras posibilidades que facilitan la concurrencia y la publicidad, como pueden ser los acuerdos marco o los sistemas dinámicos de adquisición, que aún no han conseguido establecerse como primera opción entre los gestores públicos».
En cuanto a la transparencia, Campos insiste en que desde 2018 se ha incrementado mucho. «El problema radica en que, en muchas ocasiones, la información no es accesible, comprensible, no permite conocer realmente la gestión que se lleva a cabo y se limita a la exposición, en algunos casos, masiva de datos, que dificultan enormemente obtener conclusiones sobre la gestión. Es decir, una transparencia muy opaca».
El Ministerio de Igualdad es el que más utiliza esta figura: todos sus contratos se han tramitado como menores