El Gobierno de Melilla oculta el expediente de la estatua de Franco
El Consejo de Transparencia da 20 días a Presidencia de la Ciudad Autónoma para que facilite la documentación
Una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (con referencia RT 0145/2021) deja en evidencia el «ocultismo sistemático» que ha practicado el Gobierno de Melilla con respecto a la retirada de la estatua dedicada al comandante Franco en la Ciudad Autónoma y su «correspondiente expediente administrativo», según denuncia la Plataforma Millán Astray.
La asociación de veteranos legionarios, que demanda –al igual que la Fundación Franco– la restitución de la efigie, reclamó sin éxito el expediente «por tres veces y en tres años distintos», concretamente en 2018, 2020 y 2021.
El secretario de la Plataforma, el abogado Guillermo Rocafort, interpuso una última reclamación el pasado 26 de febrero al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que requirió una aclaración a las autoridades de Melilla, cuyos responsables «han dado la callada por respuesta», en palabras del letrado.
En el enunciado de su última petición a la Consejería de Presidencia de la Ciudad Autónoma, Rocafort solicitó «traslado de todo el expediente, como ya hicimos previamente [...] al objeto de que podamos completar nuestras alegaciones», y apelando «además a la Ley de Transparencia», solicitó una audiencia con Eduardo de Castro, presidente de Melilla, con intención «de abordar este y otros asuntos».
«Ante la ausencia de respuesta a su solicitud», Guillermo Rocafort dirigió una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que remitió el expediente a la Secretaría Técnica de la Consejería de Presidencia melillense, para que «pudieran presentarse las alegaciones oportunas». Unas alegaciones que «no se han recibido» en «la fecha en que se dicta esta resolución» [17 de junio], según el organismo estatal, para el que «resulta evidente [...] que la información solicitada, un expediente administrativo, tiene la consideración de información pública, puesto que obra en poder de un sujeto obligado por la Ley de Transparencia».
El dictamen del Consejo de Transparencia insiste «en la importancia de disponer de las alegaciones procedentes de la administración concernida por la reclamación, para poder contar con los argumentos de todas las partes involucradas y con mayores elementos de juicio para poder dictar resolución». Según su criterio, «dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que no se han recibido alegaciones por parte de la administración municipal que determinen la posible concurrencia concurrencia de los límites» recogidos en la ley, «ni la existencia de causas de inadmisión», el Consejo considera que «procede estimar la reclamación presentada» y establece un plazo de «veinte días hábiles» para que «facilite» a Rocafort copia del expediente. E insta a la Consejería de Presidencia a que en idéntico plazo remita una copia al organismo estatal.
El letrado considera que «con esta resolución quedan evidenciadas las malas políticas de transparencia» en este proceso, lo que «suscita aún más dudas en cuanto a dicho expediente y su legalidad, considerando además la negativa por duplicado de las autoridades de la Ciudad Autónoma a remitírselo de forma completa al Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Melilla, tal y como les ha exigido». Según Rocafort, «todo tipo de conjeturas se abren» en cuanto al expediente, unido al hecho del descubrimiento del acta municipal de junio de 1977 que prueba que la estatua «cae fuera del ámbito de la Ley de Memoria Histórica» y refuerza el posicionamiento de la Plataforma Millán Astray de «poner este asunto en manos de la jurisdicción penal».