Transportes lanza el plan de carreteras
Da el primer paso para concesionar un proyecto con el nuevo formato público-privado
Con gran pompa y boato, y rodeado de algunos de los primeros directivos de las grandes constructoras españolas; Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, presentó en julio de 2017 en el Palacio de La Moncloa el ambicioso plan de colaboración público privado para carreteras (PIC) con el que el Gobierno pretendía dar un empujón a la obra pública. Cuatro años después, sin embargo, no ha sido invertido ni un céntimo de los 5.000 millones de euros que pretendía movilizar el plan. Sin embargo, la situación está próxima a cambiar. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) acaba de aprobar el estudio de viabilidad de la concesión de la autovía del Mediterráneo A-7, entre la localidad alicantina de Crevillente y Murcia. Se trata del paso inicial en cualquier contrato de concesión de obras. Pero, en este caso, marca el arranque de la primera actuación en la Red de Carreteras del Estado en esta legislatura del modelo de colaboración públicoprivada esbozado por el PP.
Cuando el PSOE llegó al Gobierno, José Luis Ábalos aseguró que revisaría el plan porque, en su opinión, no cumplía con algunas de las exigencias de Bruselas. Ahora, el estudio recién aprobado fija las características concretas de la concesión. La duración del contrato será de 25 años, que empezarán a contar a la firma del mismo. Transportes ha cedido aquí a las exigencias del sector tras haber tratado de rebajar el plazo de 30 a 10 los años. También ofrecerá más seguridad a las compañías con las expropiaciones, que serán asumidas por la administración para evitar problemas como los de las radiales, cuyos sobrecostes por esta cuestión han provocado su quiebra.
El plan también fija que el concesionario será el encargado de ejecutar las obras de primer establecimiento y reforma; y asegurar, durante los 25 años de la concesión, la conservación, vialidad y explotación, así como las obras de reposición y gran reparación necesarias para mantener la carretera apta para el servicio público viario y para que la infraestructura revierta a la Administración en perfecto estado.
El plan fija que sea la concesionaria la que adelante el dinero que recuperará a través de un canon mensual que pagará la administración en función de la utilización de la carretera por los usuarios, la seguridad vial, la disponibilidad ofrecida por el concesionario y el porcentaje de la inversión realizada en servicio.
El siguiente paso será un trámite de la Abogacía del Estado y con Hacienda, que será la que fije la rentabilidad de los proyectos, otro de los caballos de batalla del sector después de que Ábalos redujese la inicialmente prevista.