Cs y Vox piden al TS que los líderes del «procés» vuelvan a prisión
Recurren ante la Sala de lo Contencioso la medida de gracia del Gobierno
Ambos partidos renuncian a instar al tribunal a pronunciarse de forma urgente sin escuchar al Gobierno
El Tribunal Supremo (TS) ya tiene sobre la mesa los primeros recursos contra los indultos a los condenados por el «procés». Vox y Ciudadanos –el PP se sumará en los próximos días– ya han dado ese paso (como ha hecho también la asociación Convivencia Cívica Catalana) y ambos anunciaron ayer sus recursos ante la Sala de lo Contencioso con la presencia de sus primeros espadas a las puertas del Supremo.
Y no solo eso. Ambas formaciones reclaman además al TS que suspenda cautelarmente la medida de gracia y devuelva a prisión prisión a los indultados mientras se tramita el procedimiento. La formación naranja esgrime riesgo de fuga y de reiteración delictiva, mientras que el partido de Abascal argumenta que su libertad puede convertir en ineficaz el procedimiento. Ninguno de los dos solicita la vía cautelarísima, que permitiría acelerar la decisión del tribunal sin escuchar los argumentos del Gobierno, expresados a través de la Abogacía del Estado.
Conscientes de que el primer escollo que tienen que salvar es convencer al Supremo de que están legitimados para recurrir los indultos, los líderes de las formaciones echaron el resto en argumentar sus credenciales procesales para considerarse parte interesada en el proceso.
Lo hicieron por vías diferentes. Vox, como partido político (esgrimiendo su condición de acusación popular en la causa del «procés») y Ciudadanos, formalizando los recursos a título particular a través de su presidenta, Inés Arrimadas, y de Carlos Carrizosa y José María Espejo, como ella diputados del Parlament durante el desafío soberanista.
La responsable jurídica de Vox, Marta Castro, expuso los galones de su partido para recurrir, e insistió en que su formación «intervino en el proceso penal como acusación popular, formulando el escrito de calificación en el que se ejercitaba la acción penal».
Por su parte, Ciudadanos considera que Arrimadas y los otros recurrentes son «afectados» por el proceso soberanista como ex diputados del Parlament. La propia líder naranja dijo a las puertas del Supremo que recurren como «perjudicados» pues se consideran «víctimas del golpe separatista, como el resto de catalanes constitucionalistas».
El que fue el abogado del Estado de la causa del «procés» hasta que el Gobierno le apartó por negarse a rebajar la acusación, Edmundo Bal, justificó la medida cautelar solicitada de suspensión de los indultos: «Deben estar en la cárcel mientras se tramita el recurso contencioso-administrativo», aseguró.
Minutos después era el líder de Vox quien, también con el Tribunal Supremo a la espalda, advertía a los indultados: «Si ellos lo vuelven a hacer, nosotros también. Los volveremos a sentar en el banquillo». «Pedro Sánchez es un estafador profesional –arremetió contra el presidente del Gobierno el líder de Vox–. Su decisión es un espaldarazo a los separatistas, que ya han dicho que los indultos muestran la debilidad del Estado, y una puñalada por la espalda a los españoles, a los jueces y a su Majestad el Rey».