«¿Por qué van a mover a mi familia ahora?»
El Gobierno ya tiene licencia para abordar la exhumación de 60 de las víctimas en el Valle de los Caídos, pero 216 familias se oponen
El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha aprobado la solicitud de licencia urbanística para los trabajos de consolidación de las criptas y la posterior exhumación e identificación de los restos inhumados en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos reclamados por las familias de sesenta de las 33.847 víctimas que yacen en Cuelgamuros. Así lo ha anunciado el Gobierno, aunque fuentes de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos matizan que el permiso es «para acometer el afianzamiento técnico de las criptas» y en una posterior intervención «trabajar en los osarios» donde se encuentran enterrados los restos.
La petición, que formuló el Gobierno el 12 de abril a través de Patrimonio Nacional, permitirá que «próximamente» comiencen los «trabajos de exhumación e identificación» porque, en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, «es de justicia que puedan recuperar su dignidad».
La solicitud se presentó después de que el Consejo de Ministros aprobase el 30 de marzo un real decreto del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática para regular la concesión de una subvención de 665.000 euros para financiar la intervención, que comenzará en el tercer nivel de columbarios de la cripta del Santo Sepulcro, una de las que rodean el altar junto al que estuvo enterrado Franco hasta hace dos años.
El proyecto aprobado da vía libre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para llevar a cabo las obras de acceso y afianzamiento del paso al interior de los distintos niveles de las criptas.
«Los trabajos son de una complejidad técnica extrema», según Pablo Linares, que representa en nombre de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos a 216 familias que se oponen a la intervención. De ellas, 70 han presentado formalmente su rechazo ante Patrimonio Nacional, 15 ayer mismo. Su argumento es que con las tareas que van a iniciarse «tendrán que mover cajas», con el peligro peligro de mezclar o perder restos. Algunos de esos familiares «son nonagenarios», apunta Linares, «alarmados por la noticia de que comenzaban las exhumaciones».
Isidro Jiménez, de 91 años, uno de ellos, tiene nueve parientes enterradosen Cuelga muros. Primos, tíos, padres, hijos, asesinados en la retaguardia durante la Guerra Civil en su pueblo, Quintana de la Serena (Badajoz). «Como en tantos pueblos de España, los milicianos se cargaban a todo el que no era como ellos. Por ser católico, abogado, farmacéutico,… y eso fue lo que les pasó», cuenta a LA RAZÓN Josefina, su hija. «Así era habitualmente». Asegura que «conocer cómo se hizo el traslado de caídos al Valle cambia mucho el concepto. Todo lo que se está haciendo está montado sobre una farsa». «En primer lugar», dice, «los traslados no eran como lo están contando. Todos los que se llevaban allí tenían su autorización». Recuerda que «durante años estuvieron buscando a las familias de los caídos, muchos de ellos desconocidos, y con buen criterio, para no dejarlos en las fosas o en las cunetas , tanto como dicen ahora, los llevaron al Valle para darles un enterramiento digno. Para siempre, se supone».
A los 20 años del fin de la guerra, cuando acabaron las obras, se procedió a ubicarlos en las criptas. «Mis familiares, que estaban enterrados en el cementerio del pueblo, fueron trasladados con el consentimiento de la familia, a la que se consultó previamente, como se hizo con todas las demás. Y si una no daba el consentimiento, esos caídos se quedaban donde estaban; se respetaba. ¿Por qué no ahora, que son tan respetuosos, según dicen? ».
En otros casos «no se localizó a ningún deudo por diversas circunstancias, pero sí hubo traslado. ¿Van a venir 85 años después a reclamar lo que tenían que haber pedido los familiares entonces, como si tuvieran todo el derecho del mundo?», se pregunta. «Eso no es así; además hay quien reclama cuando la madre, el hijo o el hermano sí autorizó el traslado. Y mis familiares, que tienen su autorización, ¿por qué los van a mover?».
Para Josefina, «esto no se hace por una voluntad, esto es política. La mayoría que lo pide ni siquiera sabe si están allí o no, porque no se sabe, tienen que hacer el ADN de los restos, están muchos mezclados. No es tan sencillo».
Aunque se trata de «buscar los restos de otros», denuncia Jiménez que «para llegar a ellos tendrán que mover a los que están por encima, delante o por debajo».
Por su parte, Pablo Linares avisa de que si las «actuaciones fueran diferentes a las meramente técnicas de afianzamiento de los osarios» y «tuviéramos constancia de manipulación de restos o traslado», la asociación «interpondría cuantas medidas legales fueran necesarias contra quien pudiera tener responsabilidad, desde altas autoridades del gobierno, al último técnico u operario que intervenga». Josefina Jiménez apoya «un recurso, lo que haga falta» para defender la memoria de su familia.
El permiso es para «afianzar» las criptas. Las familias que se oponen interpondrán medidas legales si se hace otra cosa