La reforma de las pensiones de Escrivá no garantiza la sostenibilidad
Fedea pronostica un déficit anual de hasta el 7% y un gasto que superará el 17% del PIB
La primera parte de la reforma del sistema de pensiones está servida. Lo más probable es que los agentes sociales den su aprobación el próximo lunes, si no hay contratiempos. Se trataba casi de un hecho consumado, pues había acuerdo sobre la supresión del Índice de Revalorización (IRP) de 2013, que determinaba una subida mínima del 0,25% en ausencia de superávit, y del factor de sostenibilidad, que reducía la pensión inicial para extenderla en función de la mayor esperanza de vida. Sin embargo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha sudado tinta para sacarla adelante por las penalizaciones a las prejubilaciones y otras medidas coercitivas al retiro anticipado. Y eso que el meollo del sistema de pensiones ni siquiera se ha esbozado: los «ajustes» que harán falta para garantizar su sostenibilidad. Así que los expertos coinciden al afirmar que se «ha hecho la parte más fácil».
«Se ha garantizado la suficiencia para que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, lo que es una buena noticia, todo el mundo está de acuerdo. Pero hay que buscar un mecanismo que compense lo que va a implicar esta medida, que va a suponer un aumento del déficit estructural de entre 3 y 5 puntos del PIB. Así que la reforma pone en riesgo la sostenibilidad, por decirlo de una forma suave». Así de claro se mostró ayer José Ignacio CondeRuiz, catedrático de Economía y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en la presentación del informe «El futuro de las pensiones», editado por Cajamar.
Incluso con la financiación de parte del sistema de pensiones con impuestos y con la llegada de 10 millones de inmigrantes, la jubilación de los «baby boomers» en los próximos años va a hacer necesario recortes en la pensión inicial ante el incremento de la esperanza de vida y los 15 millones de pensionistas que se esperan. El gasto, que ya representa casi el 13% del PIB si tenemos en cuenta también las pensiones de los funcionarios (clases pasivas), podría irse al 17%.
El sistema de pensiones español es de reparto (las cotizaciones de los actuales trabajadores pagan las pensiones de hoy), contributivo (se recibe en función de lo que se aporta) y de prestación definida (la cuantía de la pensión está en función del historial laboral, al margen de factores como la esperanza de vida). Y ese es un motivo de preocupación.
Así lo señaló Ángel de la Fuente, presidente de Fedea, quien alertó de que el Pacto de Toledo parte de un diagnóstico muy optimista. «La idea es que no hay un problema de sostenibilidad y que si se hacen bien las cuentas no hay déficit, y hay margen para aumentar el gasto. La realidad es que no podemos permitirnos eliminar los mecanismos de control del gasto de la reforma de 2013 sin medidas compensatorias», dijo.
Según los cálculos de los expertos, con la reforma de 2013 el gasto llegaba al 12,5% del PIB a mediados del siglo. Con la indexación al IPC y la supresión del Factor de Sostenibilidad, el gasto se disparará al 16-17% del PIB. «Con este acuerdo se le entrega a Bruselas un déficit del 5-7% cada año en vez del 1,4% actual». El recorte en el gasto en pensiones debería ser de entre tres y cinco puntos del PIB, indica el informe.
Este primer paquete de reformas dejará el déficit anual de las pensiones en el 5-7% del PIB, frente al 1,4% del pasado 2019