«Indultos» en el Tribunal de Cuentas
La Abogacía del Estado no presentará demanda contra los líderes independentistas
La Abogacía del Estado no acusará ante este órgano a los líderes del «procés» como nuevo gesto
Una reunión y dos versiones: Aragonès habla de autodeterminación y Moncloa lo niega
Junqueras y Puigdemont tendrían que pagar 1,9 millones cada uno. La factura suma más de nueve
Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reunieron ayer en Moncloa para comenzar a sentar las bases del diálogo. El objetivo no era excesivamente ambicioso, más allá de afianzar el contexto de distensión y certificar que desde el Govern hay voluntad para avanzar en el camino del reencuentro. «Crear un clima de confianza y de concordia» para avanzar en lo que les une y dejar aparcado, por el momento, aquello que les separa, evitando así caer en la «frustración» temprana. De este modo, este mismo mes de julio se reunirá la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, para abordar cuestiones sectoriales económicas y sociales –tales como transferencias, inversiones o la gestión de los fondos europeos– sobre las que hay opciones ciertas de llegar a un acuerdo. Por otro lado, se dejará para la tercera semana de septiembre –tal como avanzó este diario– la celebración de la «mesa de diálogo», en la que se abordará la existencia del «conflicto político» en Cataluña y una resolución para el mismo, a través de la negociación, que pueda ser posteriormente avalada por el voto de los catalanes. En este foro será donde los soberanistas eleven sus propuestas de autodeterminación y amnistía, que el Gobierno rechaza de plano por no encuadrarse en los límites de la legalidad. La cita de ayer se extendió durante más de dos horas y media, en un «clima de cordialidad y de normalidad institucional, porque la intención era poder abordar «cuestiones concretas» y trasladar una imagen de contenido más allá de la foto de ambos.
El Gobierno dio un paso trascendente con la concesión de los indultos, pero, resuelta la medida de gracia, el independentismo no se sacia y se fija nuevos objetivos. Apunta, de nuevo, a los contenciosos que cercan a los líderes del «procés», esta vez por el presunto desvío de fondos para las denominadas «embajadas catalanas» y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat. Los soberanistas ponen en el punto de mira al Tribunal de Cuentas, que ayer comunicó fianzas de 5,4 millones de euros a 42 cargos soberanistas.
La actitud de Moncloa sobre esta cuestión la adelantó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la semana pasada cuando aseguró que la voluntad del Gobierno es «desempedrar el camino» en el terreno de la responsabilidad económica. En su opinión, para «normalizar» la situación con los independentistas es importante que no haya «piedras en el camino» como la que supone las responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas. Posteriormente, el propio presidente del Goeste bierno y su portavoz se mostraron mucho más cautos, asegurando su «respeto» al trabajo del citado órgano constitucional, pero dejando claro que no se trata de una instancia jurisdiccional, sino administrativa. Dentro de la capacidad de actuación del Gobierno en esta cuestión, sí está la potestad de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presenten demandas en el proceso. Y el Gobierno no tiene intención de hacerlo. Entienden que la administración afectada es la Generalitat.
Al menos así lo aseguró el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que anticipó la postura del Ejecutivo, asegurando que «lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez que se ha hecho la liquidación provisional, la Abogacía del Estado no presenta demanda. Es lo que se hace», señaló. En Moncloa prefieren desviar el foco, asegurando que «no se pronuncia sobre resoluciones del Tribunal de Cuentas, porque son resoluciones que pueden ser impugnadas en la vía judicial». Prefieren, eso sí, poner el acento en la actitud del PP con el bloqueo y «boicot» a la renovación de los órganos constitucionales, en lugar de ejercer su responsabilidad para que se recupere el dinero que se gastó de manera irregular. Es más, desde Moncloa tildaron de «tremendamente antidemocrática» la actitud del principal partido de la oposición, obviando cualquier calificación a quienes utilizaron los recursos de los catalanes para destinarlos a fines no sujetos a la ley.
En Moncloa son conscientes de que «no tienen garantías» de que
camino vaya a dar sus frutos y reconocen que «no son ingenuos» al respecto. «El conflicto de Cataluña lleva demasiado tiempo enquistado y provocando una fractura social y emocional entre la sociedad catalana y la española», por ello, Sánchez llamó a «superar este pasado y pasar página». Durante la reunión el presidente del Gobierno trató cuatro asuntos tangenciales: la situación de la pandemia; la normalización de las relaciones institucionales, momento en el que emplazó a Aragonés a que participe en la Conferencia de Presidentes que se celebrará a finales de julio; la reactivación de la «mesa de diálogo» y la necesidad de que esta tenga un reflejo también en el Parlament para que se «propicie el encuentro entre los catalanes» y por último se abordó la agenda socioeconómica, en la que el Gobierno prestó su apoyo para la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno en 2030.
La ministra portavoz, que compareció tras la reunión sí quiso dejar claro que, pese a que «no era de extrañar» que Aragonés hubiera puesto el foco en «aquellas materias que considera que pueden ser importantes», «en ningún momento el presidente Sánchez ha hablado de amnistía ni exiliados», puntualizó, apuntando inmediatamente que «el señor Aragonés no esperaba tampoco referencia a ello, porque ambas partes somos conscientes de las limitaciones de cada uno».
En Moncloa puntualizan que el presidente no habló en ningún momento de exiliados ni de autodeterminación