... y Aragonès pide el referéndum
Carga contra el PP por bloquear la renovación de las instituciones
«Que nadie se equivoque, iremos con toda la ambición y toda la determinación a defender un referéndum»
«Esta negociación será la más compleja que habrá hecho la Generalitat en su historia» Pere Aragonès President
Pere Aragonès mostró ayer un tono muy diferente al de su antecesor, Quim Torra, en sus reuniones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El president se exhibió mucho más conciliador en las formas a pesar de que mantuvo las mismas exigencias de fondo: la amnistía y el derecho de autodeterminación. Aragonès tiene buena relación personal con Sánchez y quiere modular el diálogo para evitar que su estrategia gradualista quede dinamitada desde el primer momento: por este motivo escapa a ultimátums e insiste en la mano tendida para la negociación.
Así las cosas, Aragonès anunció que la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se retomará la tercera semana de septiembre, justo después de la Diada (11 de septiembre), una manera de tomarle el pulso al independentismo en la calle y, a partir de ahí, también ver cómo afrontar la negociación. «Debemos encontrar una solución global a la represión», afirmó Aragonès, que, a su juicio, pasa por la amnistía para eximir de responsabilidades penales a los 3.000 políticos y activistas que tienen problemas con la justicia por el «procés» y advirtió de que cualquier solución acordada deberá ser validada por los catalanes en las urnas.
El president aseguró que la reunión con Sánchez sirvió para «constatar las posiciones alejadas y las diferencias evidentes sobre cómo resolver conflicto». «Les corresponde al Gobierno explicar los compromisos que quieren asumir para la desjudicialización», expresó en una comparecencia de prensa desde el Centro Blanquerna, sede de la Delegación del Govern en Madrid, y señaló dos cuestiones relevantes: la eliminación de la causa abierta por el Tribunal de Cuentas, que pide una fianza de 5,4 millones de euros a 42 excargos de la Generalitat por gastos en internacionalizar el «procés» entre 2011 y 2017; y, el cumplimiento del informe de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa, que pide la reforma de la sedición para rebajar las penas y el retorno de Puigdemont y los otros cinco fugados de la Justicia. Sobre el Tribunal de Cuentas apostó por el pragmatismo: cargó contra el PP por bloquear la renovación de sus miembros, lo que permitiría hacer más accesible la anulación de la causa contra los independentistas.