El Tribunal de Cuentas eleva a 9,5 millones la factura del «procés»
Reclama ahora 1,9 millones a Puigdemont y Junqueras y 2,8 a Artur Mas por la promoción exterior del plan soberanista
La factura del dinero público que habría desembolsado la Generalitat para financiar el proceso soberanista sigue engordando. El Tribunal de Cuentas ha añadido ahora a los 4,1 millones en los que cuantificó el gasto de la organización del referéndum ilegal del 1-O otros 5,4 millones, éstos por la promoción del plan soberanista en el extranjero, fundamentalmente a través de Diplocat y las «embajadas» catalanas.
La actuación fiscalizadora se dirige finalmente contra más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat por partidas correspondientes a gastos efectuados entre 2011 y 2017. Entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, a quienes el tribunal reclama 1,9 millones, y el ex president Artur Mas, cuya supuesta responsabilidad contable asciende a 2.8 millones. Otros, como el ex conseller de Exteriores Raül Romeva y el que fuera consejero de Presidencia Francesc Homs afrontan posibles fianzas de 2,1 millones de euros.
Entre los ex responsables políticos a los que el organismo fiscalizados atribuye responsabilidad contable por la factura del «procés» se encuentran también el ex responsable de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell (2,7 millones) y el ex secretario general de Diplocat Albert Royo, a quien se reclama la máxima cantidad, 3,6 millones de euros.
Sin embargo, el tribunal a apeado del procedimiento a los ex consejeros Jordi Turull, uno de los indultados por el Gobierno, y Neus Munté.
Aunque esas cantidades no son aún definitivas, todos tienen a partir de ahora un plazo de 15 días para hacer frente a esas cantidades (dado que sus alegaciones no interrumpen el procedimiento de responsabilidad contable) si quieren evitar el embargo de sus bienes.
La partida más voluminosa se corresponde con las actividades de Diplocat para difundir en el exterior el plan soberanista y llevar a cabo actividades de sensibilización y de implicación de la sociedad civil catalana, así como impulsar programa de visitantes internacionales. En total, se habrían desviado 3,8 millones a este objetivo.
El segundo desembolso en importancia según el desglose de ese acta provisional, es el correspondiente a las «embajadas» catalanas, que según el Tribunal de Cuentas se habrían gastado 1,2 millones de forma irregular.
Los viajes del Gobierno de Puigdemont al extranjero para promocionar el proceso independentista también son señalados por el organismo fiscalizador, que considera que no debieron pagarse con dinero público. En total, la Generalitat desembolsó por este concepto 389.537 euros.
En total, el presunto desvío de fondos alcanza los 5.422.879 euros, de los cuales 5.151.156 euros corresponden al dinero supuestamente desviado y otros 271.723 a los intereses devengados desde que el tribunal avaló el informe de fiscalización que precisa las supuestas irregularidades hasta la actualidad.
Entre las delegaciones de la Generalitat en el extranjero la palma se la lleva la de Estados Unidos. El tribunal le reclama 156.374,28 euros por promocionar el «procés».
Los representantes legales de los supuestos responsables contables conocieron ayer de primera mano esa liquidación provisional. Tras efectuar sus alegaciones –algunos se quejaron de que solo dispusieron de tres horas para analizar un informe de 504 páginas y apenas diez minutos cada uno para exponer sus argumentos– hoy será el turno de las acusaciones. acusaciones. Está por ver qué papel adoptan tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado. El ministro de Justicia ya se encargó ayer de precisar que no presentará demanda alguna, porque según Juan Carlos Campo no es necesario una vez efectuada la liquidación provisional. Pero según fuentes jurídicas consultadas por este periódico la presentación de la demanda por alguna de las acusaciones es imprescindible para que se proceda al enjuiciamiento de los presuntos responsables contables. En este caso, ese paso está garantizado pues aunque no lo hiciese tampoco la Fiscalía sí presentaría la demanda la acusación que ejercen Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.
La factura por la promoción exterior del «procés» se une así a los 4,1 millones que ya tuvieron que afianzar ante el Tribunal de Cuentas los líderes del desafío soberanista y ex altos cargos de la Generalitat por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Por lo tanto, el tribunal eleva ahora a un total de 9.569.174,25 euros la factura del desafío soberanista que se habría costeado con dinero público.
Según un informe de fiscalización efectuado por el propio tribunal, el 74,3% de las actividades de Diplocat, el brazo diplomático de la Generalitat, entre 2013 y 2017 (558 de las 751 organizadas) tuvo como fin último «publicitar, impulsar, promover, y promocionar el proceso soberanista». El organismo fiscalizador concluyó que el total del gasto de esa acción exterior ascendió entre 2011 y 2017 a 416,8 millones de euros, de los que 27 correspondieron a las «embajadas» catalanas y otros 15,8 millones a Diplocat.
El coste de las principales actividades de Diplocat vinculadas al «procés» que señala expresamente el Tribunal de Cuentas asciende a 3,7 millones. La parte del león la acaparan los casi 1,4 millones que pagó entre 2013 y 2015 a la consultora Independent Diplomat (ID) (a quien también recurrió la «embajada» de la Generalitat en EE UU) para ayudar al Govern a avanzar en sus «objetivos diplomáticos» en el marco del «proceso para el ejercicio del derecho a decidir».
Más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat tienen 15 días para afianzar 5,4 millones y evitar los embargos