Es un ajuste de cuentas
Indultados, inhabilitados y arruinados. Podría ser la perfecta definición de la situación personal en la que se encontrarán los líderes separatistas del llamado «Procés catalán». Hasta ayer fanfarrones y prepotentes a la salida de penar más de tres años en la cárcel y hoy enfadados y angustiados por las duras peticiones económicas del «Tribunal de cuentas», que exige una fianza de 5,4 millones de euros a 34 ex cargos del Govern de la Generalitat de Cataluña en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para las embajadas catalanas y para el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña.
Fue Sociedad Civil Catalana quien denunció ante el Tribunal de Cuentas la malversación de los fondos destinados a la acción exterior catalana, cifrando una cuantía de 27,2 millones en actividades espurias. El cálculo abarca la gestión de los gobiernos catalanes entre el 2011 y 2017 y el presunto desvío de fondos para destinarlos a impulsar la independencia. Nunca agradecerá lo suficiente la sociedad española, el trabajo hecho por SCC.
El artículo 136 de la Constitución define al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas de la gestión económica del Estado y del Sector público, con dependencia directa de las Cortes Generales, lo cual no obsta para que sea una Institución independiente. Entre sus funciones se incluye el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurren los que tienen a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos y tiene por objeto lograr la recuperación de los fondos públicos que hayan resultado perjudicados o menoscabados por alcance o malversación, por incorrecta, incompleta o nula justificación de las cuentas que deben rendir quienes los administren o por otras conductas u omisiones contrarias a la ley. Sus doce consejeros se escogen por mayoría en el congreso y senado, lo que precisa de un pacto entre PSOE y PP y sus actuales miembros vencen mandato este próximo mes de julio lo que imposibilita el poder renovar el órgano y el juicio contable a los dirigentes soberanistas se celebrará con un tribunal en funciones presidido por la ex ministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante.
Desde hace días el separatismo busca desprestigiar y deslegitimar al Tribunal de Cuentas, con el objetivo de evitar que los líderes independentistas tengan que reparar el dinero malversado en propaganda. Y ese fue uno de los puntos clave que trató Pere Aragonés con Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron en Moncloa el pasado martes, proponiendo la modificación de la mayoría de tres quintos con la que se elige a sus 12 miembros en el Congreso y el Senado. De esa manera, la izquierda podría cambiar su composición a su antojo sin contar con el principal partido de la oposición. Porque lo que les duele es que les toquen la «butxaca». Las multas y fianzas del Tribunal de Cuentas superan los 14 millones de euros en tres años, en multas y fianzas al medio centenar de dirigentes separatistas en tres causas relacionadas con el procés: 4,9 millones por los gastos de la consulta del 9-N, otros 4,1 millones por el referéndum del 1-O y los 5,4 millones de euros de este martes por los siete años de actividad exterior de la Generalitat. «Dura lex, sed lex» el viejo aforismo del derecho romano, que viene afirmando desde los tiempos de Roma, hace 2.000 años, que la ley es dura, pero es la ley, severa e implacable.
No es venganza, es devolver el dinero público sustraído y ajustar las cuentas. Y que sigan los próceres separatistas indultados pero inhabilitados y arruinados.
No es venganza, es devolver el dinero público sustraído. El separatismo busca deslegitimar al Tribunal de Cuentas