Miles de residentes europeos ya son ilegales en Reino Unido
Concluye el plazo para que los ciudadanos de la UE soliciten el estatus de asentamiento obligatorio para vivir en el país
Miles de comunitarios residentes en Reino Unido se despertarán hoy siendo inmigrantes ilegales. Y muchos de ellos, ni siquiera lo saben. El plazo para regularizar su situación tras el Brexit finalizó ayer, día 30. Pero los expertos advierten de que cientos de miles se han podido quedar fuera, perdiendo todos sus derechos, entre ellos, el acceso a la sanidad pública. Destacan en especial tres grupos: menores cuyos padres o tutores no hayan realizado los papeles; personas que no están en plenas capacidades mentales; o muchos que, erróneamente, aún siguen pensando que, por el hecho de llevar viviendo muchos años en Reino Unido, el Brexit no les afecta. Todos los comunitarios deben regularizar su situación. También los casados con británicos. Diversas organizaciones y la oposición laborista pidieron ayer al Gobierno de Boris Johnson que ampliara el plazo para solicitar el llamado estatus de asentado (para los que llevan al menos cinco años en el país) o preasentado (para quienes llegaron antes del 31 de diciembre de 2020). Sin embargo, Downing Street rechazó toda prórroga.
Desde el 30 de marzo de 2019, cuando se puso en marcha el programa, cerca de seis millones de personas han realizado la solicitud, entre ellos, 320.850 de españoles. En teoría, quien no hubiera realizado los trámites ayer, queda ahora en situación ilegal. No obstante, el Gobierno británico asegura que mostrará «flexibilidad», por lo que se garantizarán 28 días extra para aquellos que, por motivos «válidos», se percaten tarde o sean alertados de la situación.
En cualquier caso, los abogados especializados advierten de que hay zonas grises en la normativa que pueden dejar desprotegidas a personas vulnerables, sin recursos o marginadas, como gente mayor, inquilinos de residencias, enfermos, discapacitados, indigentes, personas sin conocimientos del idioma o digitales o menores de edad. Por nacer en Reino Unido no se consigue la nacionalidad británica a menos que los progenitores lleven cinco años de residencia. Según las autoridades británicas, aún están pendientes de procesar más de 300.000 solicitudes de comunitarios y, si bien aseguran que sus derechos están garantizados mientras esperan su estatus, muchos temen encontrar trabas para alquilar una vivienda, lograr trabajo o viajar fuera de las islas. Unos 130.000 podrían perder el acceso a las ayudas sociales. Luke Piper, abogado de «The3million» –organización que vela por los derechos de los comunitarios– destaca que la máxima preocupación es que no se trata de un sistema de «registro», sino de «solicitud». «Los derechos deberían quedar protegidos de manera automática, no sujetos a ninguna petición que puede ser aceptada o denegada. Esto es sumamente importante», advierte. «Tampoco debería haber una fecha límite para el trámite», matiza.
En España, por ejemplo, se ha optado por un sistema declarativo. Es decir, los más de 300.000 británicos que se calcula que hay como residentes pueden ir cuando quieran para darse de alta y recoger la «tarjeta de identificación de extranjeros».
Por otra parte, los comunitarios que no se encontraban en Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 y quieran ahora ir a vivir o trabajar al país deben hacerlo bajo las pautas de la nueva y estricta Ley de Inmigración. Una normativa que se inspira en el modelo australiano. Tras el Brexit, se puede visitar Reino Unido seis meses sin visado para hacer turismo, estudios de corta duración y actividades empresariales como conferencias o ver a conocidos.