El Tribunal de Cuentas investiga una subvención de 15.000 euros de Colau para la fallida multiconsulta
El proyecto estrella de la alcaldesa de Barcelona no llegó a celebrarse porque TSJC lo paralizó hace tres años
Semana agridulce par la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. El Tribunal de Cuentas ha archivado la parte de la denuncia de la multinacional relativa a los estudios realizados por el consistorio para municipalizar el agua, que ascendían a casi 900.000 euros. No obstante, el mismo tribunal está tramitando una presunta irregularidad del Ayuntamiento de Barcelona relacionada con la gestión económica de Ada Colau. En concreto, el órgano fiscalizador del dinero público nombra un delegado instructor para investigar esta supuesta irregularidad en el marco de una subvención municipal para celebrar una multiconsulta en la ciudad.
El Tribunal de Cuentas nombrará a un delegado instructor para investigar si la alcaldesa incurrió en irregularidad al destinar fondos públicos a determinadas determinadas asociaciones privadas afines y a organizar una consulta popular contraria a Derecho en el marco de su política sobre la remunicipalización del servicio de abastecimiento de agua. La apertura a trámite de la investigación deberá esclarecer si fue contraria a derecho la subvención de 15.000 euros para la promoción de una consulta popular, que no llegó a celebrarse. El Consistorio que presentará en los próximos días. De la misma manera, desde el Consistorio han defendido que la subvención que se está investigando forma parte de las ayudas contempladas en la normativa de participación ciudadana (similar a la que regula las Iniciativas Legislativas Populares de la Generalitat de Cataluña), para fomentar los procesos de participación con gastos de las campañas o recogida de firmas.
La causa que ahora investiga el Tribunal nace a raíz de uno de los proyectos estrella del mandato anterior de Colau, conocido como el de la multiconsulta, que acabó en un fracaso rotundo. La alcaldesa aterrizó en el Consistorio en 2015 defendiendo la gestión pública del agua y esta cuestión acabó siendo una de las que el Ayuntamiento quería consultar a la ciudadanía. La oposición, sin embargo, cuestionó el proceso porque parecía hecho a dedo para proyectos afines al Gobierno municipal y, además, la consulta se topó con otros interesados, como Agbar, la empresa que gestiona el suministro de agua en Barcelona.
El referéndum o multiconsulta quedó finalmente anulado en 2018 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que declaró nulo el reglamento. La sala expuso, entre otros motivos, que la normativa local obviaba que hacía falta un visto bueno por parte del Gobierno central en este tipo de votaciones.
Al estar muy próxima la celebración de las elecciones municipales de 2019, se paralizaron los trámites para intentar de nuevo la multiconsulta, pero el Gobierno de Colau sigue trabajando en un nuevo reglamento. En cualquier caso, desde el Consistorio se ha indicado que colaborarán con el TdC para cualquier información que requieran.
La denuncia de Agbar del pasado mes de abril fue el último episodio de una guerra del agua que la multinacional ganó después de que el Tribunal Supremo frustrara en 2019 la municipalización del servicio pretendida por el consistorio. Para Agbar, los estudios técnicos y jurídicos encargados por el Ayuntamiento en 2017 para la transición hacia la gestión pública del agua en la ciudad suponían un «perjuicio» a las arcas públicas ya que la competencia sobre el servicio no es municipal sino del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas concluye que ninguno de los estudios encargados por el consistorio supone «iinfracción contable o presupuestaria» por parte de la alcaldesa, Ada Colau, el concejal de Transición Ecólogica, Eloi Badia, el gerente de la concejalía y la interventora municipal, todos ellos denunciados por Agbar. «No se observa daño alguno en los fondos municipales», apostilla.