Johnson externaliza el asilo
Un polémico proyecto de ley, que presenta hoy el Gobierno «tory», prevé que los refugiados que lleguen de forma ilegal al país sean trasladados a un centro de detención en África hasta que se resuelva su solicitud
La clave del Brexit siempre fue la de recuperar el control de las fronteras. Por lo tanto, desde que Reino Unido abandonó ya a efectos prácticos la UE en enero, toda su hoja de ruta ha ido enfocada a endurecer las políticas de inmigración. Tras imponer una estricta normativa basada en el sistema de puntos australiano para aquellos que vienen por vías legales, Downing Street quiere aprobar ahora una polémica ley para aquellos que llegan solicitando asilo y refugio.
El Gobierno de Boris Johnson defiende que, principalmente, lo que se busca es aplacar las mafias que operan en la Canal de la Mancha. Sin embargo, los planes han suscitado todo tipo de críticas tanto de la oposición como de las organizaciones de derechos humanos y la propia ONU. Bajo el proyecto de Ley de Nacionalidades y Fronteras que está previsto se presente hoy en la Cámara de los Comunes, aquellos que busquen protección como refugiados en Reino Unido verán a partir de ahora su solicitud evaluada, por primera vez, en función de cómo hayan llegado al país. Si lo han hecho a través de rutas ilegales, no tendrán derecho a permanecer en el territorio. Es más, mientras se procesa su solicitud, serán enviados a países terceros. En este sentido, el Ejecutivo está en negociaciones con las autoridades danesas para compartir unas instalaciones ubicadas en un centro de África, concretamente en Ruanda. Tal y como avanza la Prensa local, las autoridades británicas ya han discutido las propuestas con sus homólogos en Dinamarca, que aprobaron su ley en junio.
La encargada de presentar los planes será la ministra del Interior, Priti Patel, hija de inmigrantes, que considera la normativa como «la mayor transformación del sistema de asilo en décadas», un nuevo plan que es «justo pero firme». Patel ha estado en el último año bajo gran presión por parte de Johnson para atajar el problema de las mafias que operan en el Canal de la Mancha. A lo largo de 2021, más de 5.600 personas han sido interceptadas al intentar cruzar de forma ilegal.
La legislación está diseñada para disuadir a los inmigrantes para realizar viajes peligrosos a Reino Unido y disolver las bandas de tráfico de personas que se benefician de las rutas. El objetivo principal es deportar a los inmigrantes que ingresan ilegalmente en Reino Unido a los países europeos por los que viajaron.
Sin embargo, Dowing Street no ha logrado ningún acuerdo bilateral bilateral con ningún Estado miembro de la UE y no existen conversaciones con Francia, el actor más importante para afrontar el Canal de la Mancha.El problema para el Gobierno conservador es que, tras el Brexit, ya no forma parte del Convenio de Dublín, por lo que no puede transferir automáticamente refugiados e inmigrantes al país de la UE que llegaron primero. Por lo tanto, como ya ha hecho para desarrollar la nueva Ley de Inmigración basada en un sistema de puntos, el Ejecutivo británico quiere seguir ahora el modelo australiano, que redirige a todos los solicitantes
de asilo hacia centros levantados en países como Papúa Nueva Guinea. En este sentido, el Número 10 ha estado barajando diferentes fórmulas. Entre otros, se llegó incluso a estudiar la posibilidad de construir un centro de detención en las islas de Ascensión y en Santa Elena, territorios de ultramar británicos, en medio del océano Atlántico.
También se valoró el uso de barcos que generaran olas con el fin de forzar a que las embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha vuelvan a las aguas francesas. Esta idea, sin embargo, fue desechada por el riesgo de que éstas volcasen, pero sí se debatió la opción de llevar a los migrantes a plataformas petrolíferas desmanteladas del mar del Norte, lo que puso el grito en el cielo de las organizaciones de derechos humanos.
En marzo, Gibraltar adelantó que no se prestaría a ofrecer ese servicio, después de que la Prensa publicara que Interior se planteaba ubicar allí un centro de procesamiento de casos. El ministro principal, Fabián Picardo, se apresuró entonces a publicar un comunicado donde se mostraba «sumamente satisfecho» de haber recibido «la garantía» por parte de Patel de que «Gibraltar ni siquiera se ha considerado como parte de ningún plan». La ministra argumenta que actualmente el «generoso» sistema británico de asilo está al borde del colapso, con 109.000 peticiones pendientes, debido a que a las solicitudes legítimas se suman las de personas llegadas «por rutas paralelas ilegales». Pero el director del Consejo de Refugiados, Enver Solomon, criticó que el Gobierno quiera diferenciar entre inmigrantes «en base a la ruta por la que llegan», mientras Tim Naor, de Acción para los Refugiados, consideró «crueles y desalmadas» las propuestas.
Bajo el proyecto de ley, los delincuentes que fletan barcas por el Canal de la Mancha podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua y los inmigrantes con antecedentes penales deportados que regresen a Reino Unido podrían ser castigados con cinco años de cárcel, frente al máximo actual de seis meses.
La oposición laborista, así como los nacionalistas escoceses del SNP han avanzado ya que combatirán en la Cámara de los Comunes el proyecto de ley cuando comience su tramitación. Pero los conservadores de Johnson cuentan con una aplastante mayoría absoluta, por lo que se da por hecho su aprobación sin cambiar ni puntos ni comas.
En marzo la prensa inglesa especuló con la posibilidad de que los indocumentados fueran trasladados a Gibraltar