Chile diseña un nuevo orden constitucional
Arranca la Convención con una petición de indultos para jóvenes e indígenas
Chile comienza a redactar su nueva Constitución. Lo hace a través de una Convención que se inauguró el domingo designando a quien presidirá el cuerpo colegiado: la profesora Elisa Loncón, una activista mapuche –la etnia mayoritaria en el país austral– se alzó con la mayoría de los asambleístas con 96 votos entre 155 miembros. La mujer, de 58 años, deberá conducir los esfuerzos de crear una Carta Magna que sustituya a la heredada de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990). Loncón aseguró que su designación representa los sueños de la nación mapuche «para cambiar la historia de este país».
Ayer, en su primera sesión de trabajo formal, la Convención Constitucional de Chile se dispuso a abordar el tema de la amnistía a los presos de las revueltas populares del verano boreal de 2019. Según Loncón, «con jóvenes encarcelados, con mapuches encarcelados, no se puede vivir la democracia». Hay que destacar que la Convención Constituyente no tiene facultades para tomar acuerdos legislativos, una tarea exclusiva del Parlamento nacional. Pero el vicepresidente del nuevo organismo ha dicho que ellos ejercen sus funciones «en un contexto político, que hoy está marcado por la emergencia de un poder constituyente».
La iniciativa cuenta con el rechazo del Gobierno de Sebastián Piñera, pero Bassa cree que frente a un escenario de «fractura social», el organismo que encabeza junto a Elisa Loncón puede ayudar a mejorar.
Varios constituyentes ya habían alzado desde el viernes su voz al respecto, exigiendo «garantías democráticas». Un documento firmado por 64 de ellos plantea el «establecimiento de garantías democráticas; debido proceso; presunción de inocencia; verdad; justicia y reparación para todas las personas privadas de libertad y víctimas de la represión estatal, en el contexto de la revuelta social chilena y de la movilización social mapuche».
Entre las demandas que realizan, están que el Poder Legislativo tramite con rapidez un Proyecto de Ley de Indulto General en la Comisión de Constitución del Senado y que el Ejecutivo le dé urgencia legislativa para que sea puesto en práctica de inmediato. Además, los constituyentes exigieron el retiro de «todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad Interior del Estado, como un imperativo moral y ético para el proceso de transformación institucional que vivimos». Pero otras voces disienten. El constituyente Felipe Harboe, por ejemplo, ha dicho que «la Convención no tiene ninguna potestad para eso [una amnistía], ninguna. No tenemos ninguna facultad constitucional». A su juicio, «lo importante es tratar de abstraer a la Convención Constituyente de los temas coyunturales, de la polémica diaria. Porque si la Convención va a estar supeditada y se va a suspender la sesión porque hubo una manifestación o porque el Congreso sacó una ley que no me gustó, o porque el Gobierno dijo tal o cual cosa, eso sería lamentable, porque sería finalmente someter a la convención a presiones de instituciones o acciones de externas».
Harboe recordó que la Convención fue electa bajo unas reglas que limitan su poder, para que no pueda terminar gobernando «como la Venezuela» de Nicolás Maduro. Por eso llamó a los grupos políticos a acordar un reglamento interno que permita rápidamente abordar la única tarea del organismo: redactar una nueva Constitución.
En este sentido, un grupo de constituyentes de la coalición derechista Chile Vamos presentó una propuesta para que un comité diseñe en 30 días el reglamento interno de la Convención Constitucional, además de medidas sobre cómo funcionara la institución durante su primer mes. Los precandidatos presidenciales de esa coalición también rechazaron que los diputados constituyentes asuman tareas de los poderes constituidos del Estado.
Mientras tanto, la presidenta de la Convención Constitucional ha cuestionado la regla de los dos tercios en la institución asegurando que afecta a la democracia y que fue establecido en la Constitución de 1980, lo cual, asegura, fue hecho «para limitar la participación del pueblo y las organizaciones sociales». El mecanismo de una mayoría calificada, busca que las decisiones cuenten con el mayor respaldo político posible y no haya resultados basados en mayorías simples de la mitad más uno. Pero ahora eso también ha entrado a debate.
En los primeros dos o tres meses de funcionamiento, la Convención deberá definir su reglamento, la composición de las mesas y las comisiones para distintos temas. Además, el sistema de votación interno, cómo será la participación ciudadana y las normas de ética. Luego, los 155 constituyentes dispondrán de un plazo de nueve meses, prorrogables por tres más, para elaborar un texto constitucional que será entregado en 2022.
Una vez aprobado por los constituyentes, existe un plazo de 60 días para convocar un plebiscito, con voto obligatorio, para que todos los chilenos ratifiquen o rechacen el texto. En caso de que la nueva Carta Magna no logre la aprobación, seguirá la anterior.