La guerra civil deja a Etiopía al borde del colapso
La toma de Mekele por las fuerzas rebeldes de Tigray debilita al Estado
A su llegada al poder en 2018, el primer ministro Abiy Ahmed Ali –premio Nobel de la Paz un año más tarde– prometió acabar con las profundas divisiones étnicas y territoriales del segundo país más populoso de África. El «alto el fuego unilateral humanitario» anunciado la semana pasada por el Gobierno federal que preside tras ocho meses de enfrentamiento contra las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), que reivindicaron recientemente la toma de la capital regional Mekele, evidencia el fracaso de su tentativa. La guerra civil, corolario de una tensión étnica desarrollada durante décadas, amenaza no solo con causar el desgarro del Estado sino desestabilizar desestabilizar todo el Cuerno de África. Etiopía, con una población de casi 115 millones de personas, está organizada administrativamente en diez regiones o estados divididos fundamentalmente en razón de líneas étnicas, los cuales gozan de una notable autonomía. Es el caso de la región septentrional de Tigray que, con sus siete millones de habitantes (6% de la población) y una Fuerza de Defensa propia, estuvo gobernada hasta noviembre pasado por el FPLT.
No tardó el FPLT en mostrar su descontento con las reformas emprendidas por Ahmed –en cuya coalición de gobierno rechazó integrarse después de haber sido fuerza política dominante en la escena etíope durante casi 30 años– en su propósito de incrementar el poder del Ejecutivo federal. En septiembre del año pasado, los rebeldes del norte convocaron, en abierto desafío a Adís Abeba, elecciones parlamentarias en la región a pesar de que el primer ministro las había retrasado por razones sanitarias. Entretanto, la Fuerza de Defensa de Tigray atacó varias bases militares federales.
El 4 de noviembre, apoyado por fuerzas de la vecina Eritrea, Abiy Ahmed iniciaba la ofensiva militar contra los rebeldes y tres semanas más tarde anunciaba la toma de Mekele y la imposición de un gobierno interino. Lejos de tratarse de una rápida operación, la guerra no había hecho más que comenzar. Finalmente, el pasado día 21 de junio se celebraron en Etiopía elecciones parlamentarias, las primeras de la etapa de Abiy Ahmed. No fue el caso, debido a la inseguridad y a problemas logísticos, en una quinta parte del país, incluida Tigray. La aparente normalidad de los comicios era un espejismo. Dos semanas después quedó de manifiesto. Hace una semana, la Fuerza de Defensa de Tigray se volvía a hacer con el control de Mekele, en una demostración de fuerza que anticipa la recuperación de más territorio al Ejército federal. Su éxito se ha basado en su técnica guerrillera y en su conocimiento del medio montañoso de la región, emulando a sus predecesores de la insurgencia contra el Derg comunista en los 80 y en la guerra contra Eritrea de finales de los 90. Como evidencian las celebraciones de la victoria rebelde, la Fuerza de Defensa cuenta además con un amplio apoyo popular, alimentado por las atrocidades atribuidas al Ejército federal.
Al mando de los rebeldes, está el ex general de las fuerzas armadas etíopes Tsadkan Gebretensae. Durante una década el veterano militar estuvo al frente de las Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía, en las que dominaron mandos procedentes del FPLT.
A pesar de la retirada del Ejército etíope de varias ciudades tomadas por los rebeldes, las fuerzas de la vecina región de Amhara, aliadas del Gobierno central –que se han anexionado de facto el oeste de la región y expulsado a los tigriñas–, no han hecho aún lo propio. Entretanto, Sudán, otra de las amenazas de Adís Abeba, trata de aprovechar la situación para recuperar tierras agrícolas en disputa en la frontera con Tigray. Sudán y Egipto acusan a Etiopía del llenado de la presa del Nilo Azul, otro de los grandes conflictos regionales. Tras ocho meses de conflicto, la situación humanitaria en Etiopía es crítica. Casi dos millones de personas se han visto obligadas a desplazarse y cinco más necesitan de manera urgente ayuda humanitaria, según Naciones Unidas. La organización estima que hay más de dos millones de personas en niveles alimentarios de emergencia y tres en situación de crisis.