Gobierno y sindicatos aseguran a 300.000 interinos pero dejan a 500.000 en el aire
El pacto sitúa en tres años el límite máximo para regularizar estas plazas
año, antes de la entrada en vigor de la nueva factura de la luz, fue de 53,2 euros MWh, con lo que el precio de junio fue un 103% más elevado que el resto del año.
La traducción para los consumidores de este récord del megavatio, provocado sobre todo por los elevados precios del gas natural que utilizan los ciclos combinados, tecnología «comodín» del sistema, ha dejado una factura para un hogar medio, con un perfil de 3,3 kW de potencia contratada y 3.000 kWh de consumo anual, de unos 58 euros, algo más de cinco euros con respecto a los cinco primeros meses del año, 13 euros más que la media de 2020 y siete euros más que el promedio 2012-2020, de 51 euros al mes, según fuentes del mercado eléctrico. Y esto a pesar de la rebaja del 21% al 10% en el IVA de la luz y de la suspensión temporal del 7% del impuesto que pagan las eléctricas por generar la energía.
Por último, el petróleo acumula una subida interanual del 80% de los 43 dólares por barril de Brent del 6 de julio de 2020 a los 77 dólares actuales. Los precios se aproximan al último máximo del otoño de 2018, cuando se superaron los 80 euros. Esto se traduce en una subida de los carburantes del 15,2% en lo que va de año hasta máximos históricos (1,24 euros por litro de media en el caso del diésel y 1,38 euros el litro en el caso de la gasolina) con un sobrecoste anual de 311 euros en el caso de la gasolina y de 250 euros en el caso del diésel para los consumidores, según la Organización de Consumidores y Usuarios. La OCU también ha proyectado que el sobrecoste por la subida del precio de la electricidad alcanzará los 139 euros de media y el del gas unos 55 euros. En total, la factura energética de un hogar medio será 505 euros más elevada este año. El exceso de temporalidad en la Administración Pública tiene los días contados, al menos en parte. El Gobierno ha acordado con los sindicatos mayoritarios (CC OO, UGT, CSIF, CIG y ELA) un pacto laboral para reducir la temporalidad en las administraciones públicas, mediante el cual más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos se convertirán en fijas antes del 31 de diciembre de 2024 como fecha límite improrrogable, es decir, tienen tres años de plazo para acceder a su plaza, aunque esta medida no salvaguarde el puesto de otros 500.000 que podrían perder su trabajo, ya que serían en realidad 800.000 los trabajadores interinos y temporales que acumulan las distintas administraciones.
El acuerdo se cerró ayer tras la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública e integrada por representantes de todas las comunidades autónomas y de los sindicatos. «Espero que la función pública saldrá fortalecida y que todas aquellas personas que han dedicado tanto tiempo, lo mejor de sus saberes, capacidades y su experiencia, puedan quedarse en la Administración desarrollando como hasta ahora sus funciones», aseguró el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, tras la firma del acuerdo, aunque no hizo referencia a esos centenares de miles de interinos que tienen sus puestos en el aire.
Para el Ministerio, el objetivo de la reforma es situar la tasa de temporalidad por debajo del 8% para lo que se contempla un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 «como fecha límite improrrogable».
Este proceso afectará a todas las plazas de carácter estructural, dotadas presupuestariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 y que no se hayan visto incluidas en los procesos de estabilización previstos en los acuerdos para la mejora del empleo público de los años 2017 y 2018. Los procesos de selección se desarrollarán a través de oposición, con una valoración de un 40% de la fase de concurso en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente. Los interinos que no logren una plaza ni entre en estos supuestos tendrán una indemnización de 20 días con un máximo de 12 mensualidades.
El plan se aprobará hoy en el Consejo de Ministros a través de un real decreto-ley.