Más de 150 expertos exigen cuadriplicar el gasto público en investigación educativa
La Fundació Bofill pide al Govern que el presupuesto para I+D en enseñanza llegue a unos 56 millones por los 14 actuales
La Fundació Bofill reclamó este lunes al Govern de la Generalitat que vincule la investigación educativa y la evaluación de políticas a toma de decisiones de las Consellerias de Educación y de Investigación y Universidades.
En un acto, la fundación presentó el manifiesto «Apostemos por la investigación para mejorar la educación del país», firmado por más de 150 profesionales y expertos en educación y gestión pública, acompañado de un estudio que desarrolla los puntos del texto.
El manifiesto pide que, durante esta legislatura, el Govern y el Parlament se cercioren de que existe una investigación educativa, que garanticen que el conocimiento generado es transferido a los actores del sistema educativo, evalúen las políticas educativas y garanticen que las evidencias se tienen en cuenta en la formulación de dichas políticas.
Asimismo se pide que el presupuesto para la I+D educativa llegue a unos 56 millones de euros, un 1% del presupuesto de la Conselleria de Educación, para 2024, cuadruplicando los 14 millones actuales, una cifra «ridícula» según el coautor del estudio y secretario ejecutivo de la Associació Catalana d’Universitats Públiques (Acup), Josep Maria Vilalta.
La también coautora del estudio estudio educativo de la Fundació Bofill, la socióloga Núria Comas, quiso asegurar que «se está aprovechando poco la investigación y las evidencias disponibles sobre educación».
Josep Maria Vilalta destaco, además, que en Catalunya hay unos 80 grupos de investigación en el ámbito educativo, un «capital importantísimo», cuya producción, no obstante, no se transfiere al Govern y a los centros educativos, según los autores.
Comas también quiso subrayar la importancia de financiar bien a esos grupos, dotarlos de datos de calidad e incentivar que «aborden retos concretos» con convocatorias específicas de la administración o modificando mecanismos que regulan su trayectoria profesional, así como disponer de órganos de asesoramiento para los diputados expertos en educación.
Asimismo los autores pidieron que el conocimiento generado sea incorporado al proceso de diseño de las políticas: «Quizás es momento de introducir un mecanismo que fuerce que las políticas están basadas en evidencias robustas», aclaró Comas.
En este sentido, el catedrático de Sociología Xavier Bonal quiso apuntar que hay poca cultura de evaluación de las políticas públicas en general, y de las educativas en particular, algo que «llama la atención», pidió potenciar la recogida de datos.
Por último, la presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, Pilar Gargallo, expuso que la investigación y la práctica deben ir juntas en una «retroalimentación indispensable» y que los docentes muchas veces no se centran en la evidencia sino en intuiciones lo que dificulta mucho el proceso.