Cuenta atrás para la «reforma incómoda» de las pensiones
Tras aprobar el tramo «light» sin grandes ajustes, se aborda la cotización de autónomos y el índice de equidad intergeneracional
Mientras al otro lado de los Pirineos los empresarios y sindicatos galos descartan por completo alargar la edad legal de jubilación de los 62 a los 64 años y reformar el sistema de pensiones, en España el Consejo de Ministros aprobó ayer el tramo «light» de la reforma de las pensiones, que devuelve su revalorización de acuerdo a la evolución de los precios y deroga el índice que forzaba a subirlas solo un 0,25% mientras hubiera números rojos.
El anteproyecto de ley tumba la reforma del PP de 2013 y con ello el factor de sostenibilidad que pretendía introducir la variable de la creciente esperanza de vida en el cálculo de la pensión inicial, lo que forzaba a un recorte para extender las prestaciones en el tiempo sin tener que recurrir a los fondos del Estado. Pese a todo, habrá que diseñar un nuevo índice de equidad intergeneracional, que deberá estar listo a mediados de noviembre, que podría contener numerosas variables, entre ellas la propia esperanza de vida, aunque de forma amortiguada.
El polémico diseño de ese índice, que operará a partir de 2027 y que se incluirá en el proyecto de ley a través de una enmienda, así como el abordaje de cuestiones que devuelvan la sostenibilidad al sistema o al menos que mitiguen la incorporación de cinco millones de pensionistas en los próximos veinticinco años, hasta alcanzar los 15 millones en 2048, se incluyen en la segunda parte de la reforma, que se prevé bastante más compleja.
Si la primera pata persigue acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal mediante la penalización de las jubilaciones anticipadas y la introducción de mayores incentivos para retrasar el retiro del mercado laboral, en este segundo tramo, además de introducir un nuevo mecanismo de equidad en los futuros desembolsos del sistema, se tratará el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos, que se incluirá en una norma intermedia, aunque el compromiso es que esté aprobado antes del segundo trimestre de 2022.
Este primer tramo de la reforma, que blinda el poder adquisitivo de las actuales pensiones, entrará en vigor en 2022 tras su paso por las Cortes.
A mediados de noviembre debería estar listo el nuevo mecanismo corrector ante los gastos futuros del sistema