La Audiencia Nacional frena a los Pérez-Maura
Los magistrados advierten a los navieros que una regularización fiscal «no elimina los indicios delictivos»
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido confirmar las imputaciones acordadas por el juez del «caso Villarejo», Manuel García Castellón por delitos contra la Hacienda Pública contra los hermanos Ángel y Álvaro PérezMaura, según consta en un auto de 9 de junio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
En la resolución los magistrados rechazan la intención de estos navieros españoles de impedir que se les investigue por deducirse ante Hacienda española 7.969.445 de euros de las presuntas comisiones ilegales que habrían pagado a varios políticos de Guatemala, entre ellos al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, que superaron los 30 millones de dólares.
La decisión de la Sala se produce tras presentar esta familia un recurso de apelación en el que cargaba contra el juez Manuel García Castellón y contra la Fiscalía Anticorrupción, Anticorrupción, a los que llegó a asegurar que, «por mucho que les pese, [la regularización] imposibilita la persecución de las supuestas irregularidades tributarias en que se haya podido incurrir, debiendo por tanto dejarse sin efecto» la decisión de ampliar las imputaciones.
Los navieros consideran que su empresa, Pérez y Cía, no es la responsable de que se abonaran mordidas a las autoridades guatemaltecas para obtener la adjudicación de una terminal portuaria, sino que la decisión de deducirse las mordidas corrió a cargo de la sociedad Grupo Maersk, que compró Grup Maritim.
Por el contrario, los magistrados sostienen que «la presentación de las declaraciones complementarias no elimina [...] la existencia de indicios de la comisión de delitos contra la Hacienda pública, relativos al impuesto de sociedades», resalta la resolución, que confirma de manera íntegra la decisión del juez.
La Sala completa, además, que en el actual momento procesal el informe elaborado por la Policía es suficiente para mantener la imputación de los Pérez-Maura, aunque los magistrados reconocen que «debe ser la investigación, con la incorporación, en su caso, del informe de la Agencia Tributaria, la que aporte los elementos precisos para valorarlo». Por otra parte, el auto también considera «prematuro» pronunciarse en estos momentos sobre la posible participación de los navieros; si se dio un fraude suficiente para poder imputar un delito; y tampoco sobre la posible prescripción de los hechos.
Precisamente, los magistrados consideran que, por el momento, la participación de estos empresarios en los hechos delictivos «no puede ser descartada, al menos a título de inductores, cooperadores necesarios o cómplices». El auto de 29 de enero de 2021 de García Castellón amplió el objeto de la pieza separada del «caso Villarejo» denominada «Pit», a los presuntos delitos contra la hacienda pública, derivados de la deducción, presuntamente irregular, en el impuesto de sociedades de los ejercicios 2012 a 2015, de la empresa Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (GMTCB) de las comisiones pagadas por esta compañía en Guatemala a la firma Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).