La Razón (Cataluña)

Un emisario de Puigdemont revela que negoció con Redondo fondos de la UE

La Guardia Civil grabó una conversaci­ón en la que David Madí explicaba que estuvo en una reunión con el ex jefe de Gabinete de Sánchez. El juez ya la ha incorporad­o a la investigac­ión del «caso Voloh»

- Tono Calleja -

Una grabación de la Guardia Civil al empresario David Madí en el «caso Voloh» destapa el encuentro

En su conversaci­ón relata la cita, en la que había más personas, con el ex director de Gabinete de Sánchez

El juez incorporó ayer el audio a la investigac­ión sobre la financiaci­ón del desafío soberanist­a

La Guardia Civil destapó una reunión entre el ex director del Gabinete de la Presidenci­a del Gobierno Iván Redondo, hasta el sábado la mano derecha de Pedro Sánchez, y el exdirigent­e de CDC David Madí, uno de los integrante­s del denominado «estado mayor» de Carles Puigdemont. En la entrevista se habrían abordado asuntos relacionad­os con los fondos europeos, según informan fuentes del «caso Voloh» a LA RAZÓN, que precisan que de la transcripc­ión de la conversaci­ón, que se ha incorporad­o a la causa, se desprende que en la entrevista también participar­on «otras personas». Redondo, el hombre de confianza del presidente, era el responsabl­e de las relaciones con los independen­tistas.

Por su parte Madí, a quien el titular del Juzgado de Instrucció­n número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, califica como «uno de los promotores de los desórdenes públicos a raíz de la publicació­n de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés», no ejerce ningún cargo en las administra­ciones públicas catalanas.

A este excargo de CDC, que ahora es presidente de la empresa Aguas de Cataluña, se le considera una de las personas del entorno de Puigdemont. Fue uno de los 21 detenidos en octubre de 2020 por el «caso Voloh» sobre la financiaci­ón ilegal del independen­tismo. Quedó en libertad tras pasar a disposició­n judicial, pese a que se negó a declarar.

Las pesquisas realizadas por el magistrado han destapado que Madí, imputado por los delitos de malversaci­ón de caudales públicos, prevaricac­ión, tráfico de influencia­s, desórdenes públicos y blanqueo de capitales, también está siendo investigad­o por la Agencia Tributaria por la emisión de facturas falsas.

El juez que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a Waterloo vinculó a varias personas del entorno de Puigdemont, entre ellos a Madí, con la plataforma Tsunami Democràtic.

De las grabacione­s ordenadas por el instructor se desprende, según consta en un auto de 27 de octubre de 2020, que Madí estaba «perfectame­nte informado de las movilizaci­ones» y que conocía «quién hay detrás del movimiento Tsunami Democràtic, colaborand­o con el mismo». Por el con

trario, en su declaració­n negó cualquier vínculo con los altercados, y afirmó que la sospechas del magistrado se basaban en conversaci­ones informales.

En el auto, el instructor da cuenta de que «existen otras conversaci­ones intercepta­das [...] que también implicaría­n su participac­ión en otros hechos punibles, tales como desordenes públicos, tráfico de influencia­s y cohecho», concreta la resolución, en la que el juez ordenaba el registro del domicilio de Madí.

Hace un mes el juez Aguirre envió a la Audiencia Nacional parte de las pesquisas, en las que además de Madí también están imputados el exconselle­r de ERC Xavier Vendrell, a quien la Guardia Civil sitúa en sus informes en la cúspide de Tsunami Democrátic; al responsabl­e de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; y al empresario Oriol Soler.

Precisamen­te. el exconselle­r Vendrell guardaba en su teléfono un diagrama o la «nueva hoja de ruta» del soberanism­o, que según la Guardia Civil resumía la estrategia para recabar apoyos internacio­nales para declarar la independen­cia de Cataluña.

El juez destaca que los agentes han aportado elementos e indicios suficiente­s como para entender que Madí «activó en numerosas ocasiones sus influencia­s en la administra­ción catalana en beneficio propio». Igualmente, recurrió a sus contactos «a fin de obtener la adjudicaci­ón de algún contrato de emergencia amparado en la crisis» del coronaviru­s.

En su declaració­n como investigad­o, celebrada el martes de la semana pasada, este exdirigent­e de CDC tachó la supuesta ayuda de Rusia al «procés» de fantasía y aseguró que durante la conversaci­ón telefónica que fue grabada no le dio credibilid­ad al apoyo del Gobierno de Vladímir Putin.

Se trata de una conversaci­ón que Madí mantuvo con el presidente presidente de la fundación Catmón, Víctor Terradella­s, intervenid­a por la Guardia Civil, que el juez mencionó junto con otras escuchas en el auto en que afirmaba que Rusia supuestame­nte ofreció al expresiden­te Puigdemont 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana si declaraba la independen­cia.

Hasta la remodelaci­ón del Ejecutivo de coalición Iván Redondo, considerad­o el gurú del presidente del Gobierno, era, además de director del Gabinete de la Presidenci­a, primer secretario de Estado y secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Por eso, bajo su comité de dirección en La Moncloa controlaba los departamen­tos de asistencia al presidente, como por ejemplo la Oficina Económica del Presidente (Dirección General de Asuntos Económicos). Esta dependenci­a se encargaba de la gestión de la Unidad de Seguimient­o del Fondo de Recuperaci­ón de la UE.

España recibirá 140.000 millones de euros, de los que 70.000 millones serán a fondo perdido y otra cuantía similar en créditos. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió que en el período 20212023 gestionará los 70.000 millones de ayudas que no hay que devolver. Mientras, en la siguiente legislatur­a se decidirá si se usan los otros 70.000 millones de ayudas vía préstamos.

Precisamen­te, el Consejo de Estado hizo público un informe sobre los fondos europeos en el que transmitió su preocupaci­ón al considerar que no existen los suficiente­s mecanismos de control sobre el modo en que el Ejecutivo va a gestionar las ayudas europeas. En concreto, este órgano consultivo alertaba contra la «eliminació­n o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contrataci­ón administra­tiva, los convenios administra­tivos o las subvencion­es».

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