Malestar en Moncloa por un fallo «sin precedentes»
Félix Bolaños fue el arquitecto jurídico del decreto de alarma
Varapalo del Tribunal Constitucional al Gobierno por el estado de alarma. Tras sufrir meses de desgaste político en el Congreso de los Diputados para mantener la excepcionalidad sin el apoyo de los principales partidos de la oposición, ahora son los tribunales los que cuestionan la base legal de la medida. En Moncloa la noticia cayó ayer como una bomba y no ocultaron su «sorpresa» y su malestar por el carácter «inédito» de la misma. No en vano, aseguran que van a estudiar la sentencia y tratan de generar dudas sobre su legitimidad, por lo ajustado del resultado, recordando que «ha sido adoptada por una mayoría de seis votos contra cinco, lo que da a entender el debate interno que ha suscitado este fallo».
Sin embargo, no hay paso atrás. Fuentes gubernamentales se reafirman en la decisión que tomaron en marzo de 2020, señalando que el estado de alarma «era absolutamente imprescindible para salvar vidas y conforme a la Constitución y a la ley orgánica del Estado de Alarma». En el Ejecutivo cuestionan el fallo del Constitucional como una «decisión sin precedentes» y recuerdan que «todos los países de nuestro entorno han recurrido a formulas similares, dentro de sus respectivas legislaciones, para luchar contra la pandemia». Las citadas fuentes gubernamentales defienden que, «sin esta herramienta, no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días», que son los que opera el estado de excepción sin posibilidad de prórroga.
Desde el punto de vista político, se trata de un importante golpe al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, tras su remodelación de Gabinete, se había conjurado para pasar pantalla de la pandemia y enfocar sus energías hacia la recuperación. El varapalo judicial no se queda en el «Gobierno de la emergencia», como definió el presidente al Consejo de Ministros saliente, sino que golpea al de «la recuperación». En concreto, concreto, el todopoderoso ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que fue el arquitecto jurídico del decreto del estado de alarma, quien optó por esta fórmula en lugar de por la del estado de excepción. Aquel real decreto 463/2020 fue armado con celeridad por la entonces vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y su equipo.
También la ministra de Justicia, Pilar Llop, se vio obligada ayer a estrenarse con una comparecencia sin preguntas desde
El Gobierno defiende que actúo bajo «parámetros de constitucionalidad» y que se salvaron 450.000 vidas
Moncloa, una suerte de mensaje institucional para dar respuesta al rapapolvo judicial. Llop aseguró que el Gobierno «respeta, pero no comparte» la resolución del Tribunal Constitucional y reivindicó el confinamiento como la herramienta que «permitió salvar 450.000 vidas». En una «situación de extrema emergencia para la salud pública, el deber del Gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas», defendió la ministra de Justicia, para apuntar que «el confinamiento y la conducta ejemplar de los ciudadanos nos permitió frenar al virus».
El Gobierno se escuda en la legalidad del estado de alarma para justificar su actuación, que se contempla para «estas situaciones concretas» como las «crisis sanitarias» y también que «la democracia española utilizó el estado de alarma al igual que el resto de gobiernos europeos». En este sentido, Llop quiso dejar claro que «la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales», como han defendido los cinco magistrados que han quedado en minoría y reivindicó que «gracias a estas medidas, hoy podemos decir que estamos en otro momento y miramos al futuro con esperanza».
El varapalo del Constitucional, que ha obligado al Gobierno a reaccionar supone una derrota política para Sánchez y una victoria para Vox, que fue quien presentó recurso al Tribunal Constitucional. Una formación, la de Santiago Abascal, que pidió al Gobierno en marzo la aplicación del estado de alarma y, en consonancia, votó a favor de la excepcionalidad cuando esta fue presentada por primera vez ante el Congreso. Entonces, presumió de haber sido quien había doblado el brazo al Gobierno para tomar el control. Después, retiró su apoyo.