Amnistía a los crímenes en Irlanda del Norte sin contar con las víctimas
Johnson defiende que cicatrizará 30 años de violencia entre católicos y protestantes
El Gobierno británico anunció ayer una legislación que planteará un plazo para que prescriban los crímenes cometidos «por todas las partes» durante los llamados «troubles», el largo enfrentamiento que mantuvieron católicos y protestantes en Irlanda del Norte entre 1968 y 1998. Se trata de una decisión histórica y que no está exenta de polémica, ya que los cinco principales partidos de la provincia británica, la oposición laborista, así como las autoridades irlandesas y las distintas asociaciones de víctimas se muestran en contra, calificándola como «amnistía encubierta».
Más de 3.500 personas perdieron la vida durante la lucha entre aquellos que quería unirse de nuevo a la República de Irlanda y los que querían permanecer como parte de Reino Unido. La esperada paz vino en 1998 con el Acuerdo de Viernes Santos. Pero desde entonces, la provincia británica, cuya población no llega a los dos millones de personas, ha vivido distintos episodios de tensión. De hecho, ahora es uno de los momentos de más inestabilidad por los problemas políticos y de abastecimien creados por el Brexit.
Según los planes del Ejecutivo, que presentará el proyecto de ley en otoño, ya no habrá enjuiciamientos por delitos cometidos antes del acuerdo del Viernes Santo o poco después. Ni para el IRA ni para el Ejército. Evita en todo momento pronunciar la palabra amnistía, pero la medida está inspirada en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de rudáfrica posterior al Apartheid.
Según defendió ayer el ministro británico para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, «será difícil de aceptar» para las familias de las víctimas, pero insistió en que es el único modo de dejar atrás el pasado. Lewis anunció también que se creará un organismo independiente que se dedicará a buscar información sobre el conflicto y ayudará a las familias de las víctimas a «descubrir» la verdad de lo sucedido. Asimismo, se impulsará una iniciativa de «historia oral» para recoger testimonios.
Lidiar con el legado del sangriento conflicto que ha marcado la historia de un país siempre ha supuesto un reto para el Ejecutivo. Y ya no solo por las divisiones que crea en la sociedad, sino también en el propio Partido Conservador. Durante años, un importante sector «tory» ha exigido lo que llama «el fin de caza de brujas» para los militares que estuvieron en Irlanda del Norte.
Defienden que ver pasar por tribunales a veteranos ya ancianos por crímenes cometidos hace 50 años sería un espectáculo bochornoso. Pero otra parte consideraba que el Ejército debe estar sujeto a estándares morales y legales más altos que los paramilitares y terroristas para los que habían sido mandados contener. Además, una amnistía para el Ejército implicaba que el Gobierno eximiera de responsabilidades al IRA. Y eso es algo a lo que muchos no estaban dispuestos. Con todo, bajo el mandato de Johnson se da un paso histórico.
A día de hoy se estaban investigando 1.127 casos relacionados con 1.419 muertes de la época de los «troubles». Entre ellos, 289 muertes atribuidas a militares; 291 muertes atribuidas a lealistas (partidarios de unión con Reino Unido); 585 muertes atribuidas a republicanos; 51 a policías, 69 con atribución desconocida y 134 muertes no relacionadas con el terrorismo. Todos serán retirados.
En los últimos años, ha habido importantes problemas con juicios sobre diferentes casos de gran protagonismo. En mayo, sin ir más lejos, dos ex paracaidistas del Ejército británico fueron absueltos del asesinato en 1972 del oficial del IRA Joe McCann después de que su juicio fracasara por la inadmisibilidad de las pruebas. Algunos diputados conservadores han criticado que la legislación no se apruebe hasta el próximo año, lo que deja en vilo a «a muchos veteranos» del Ejército.
Por su parte, el portavoz en los Comunes del Partido Democrático Unionista (DUP, el principal de Irlanda del Norte), Jeffrey Donaldson, rechazó «cualquier forma de amnistía», como también cuestiona el Sinn Fein, ex brazo político del disuelto IRA.
La iniciativa contempla que prescriban los delitos cometidos por el IRA, el Ejército y los lealistas antes del acuerdo de paz