La Justicia deja sin armas a las comunidades ante la quinta ola
Sanidad les insta a apelar al Supremo para que unifique doctrina sobre el toque de queda
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya lo advirtió la semana pasada. El Gobierno no aprobará un nuevo paquete de medidas coordinadas para luchar contra la quinta ola. Tan solo servirá de «apoyo» en las tareas de diagnóstico de casos positivos con la reserva estratégica de test y de rastreo, poniendo a disposición las Fuerzas Armadas. Una semana después,no ha cambiado de parecer pese a que la incidencia acumulada a 14 días ha pasado de 225 a 469 casos por cada 100.000 habitantes y los hospitales, aunque tímidamente, ya comienzan a notar el impacto.
Es cierto que las altas tasas de vacunación mantiene en situación óptima al sistema hospitalario, pero las brutales tasas de transmisión entre jóvenes –con incidencias por encima de los 1.500 casos en los veintañeros–, han provocado que la ocupación en UCI vuelva a subir. En una semana se ha incrementado dos puntos hasta el 8,75%.
Ante esta situación, cada vez más comunidades optan por volver a las restricciones más duras. Pero no siempre pueden implementarlas. Se da la paradoja de que ante medidas similares, los tribunales se pronuncian de forma distinta, provocando un agravio comparativo entre autonomías. Así, mientras que en la Comunidad Valenciana, el TSJV ha avalado el toque de queda en los 31 municipios, en Canarias el el Tribunal Superior de las islas ha tumbado la limitación de movilidad nocturna en Tenerife, pese a que día tras día supera su récord diario de contagios, con 333 nuevos en la última jornada.
El Gobierno no quiere asumir el desgaste electoral de aprobar un nuevo estado de alarma. Por eso deja la pelota en el tejado de las autonomías. De hecho, la ministra les recordó ayer que las que no estén conformes con las decisiones judiciales de sus respectivos respectivos tribunales superiores todavía pueden recurrir a instancias más altas. «El Gobierno, ante la disparidad de algunas resoluciones, estableció una instancia superior para que pudieran recurrir al Tribunal Supremo y unificara doctrina», apuntó la ministras tras el pleno del Consejo Interterritorial.
Cataluña y Cantabria son los dos territorios que a día de hoy esperan el aval judicial para instaurar el toque de queda. La comunidad catalana está siendo la más azotada por esta quinta ola: su incidencia duplica la media con 1.068 casos por 100.000 y la ocupación de UCI alcanza niveles del 20%. De momento, el TSJC ha dado luz verde a la limitación de 10 personas en reuniones sociales, así como al cierre de parques y playas más concurridos desde la media noche hasta las 6:00 de la mañana para evitar los botellones. botellones. Anoche, la Generalitat decretó la limitación de movilidad nocturna de 1:00 a 6:00 horas en 158 municipios de más de 5.000 habitantes. Pero la Justicia podría tumbarlo, como ha sucedido ya en Tenerife y anteriormente en Castilla y León, región que, de hecho, está evaluando volver a solicitarlo para atajar su incidencia, la segunda más alta del país, de 779 contagios por 100.000 habitantes.
Cantabria, por su parte, espera que el TSJC avale la restricción de movilidad nocturna en los 53 municipios con la incidencia más alta. Asimismo, espera su aprobación para poder limitar las reuniones a 6 personas tanto en el ámbito público y privado. De momento, lo que ya se ha aprobado es la prohibición de venta de alcohol más tarde de las 20 horas en gasolineras y comercios minoristas para evitar la proliferación de botellones. El Gobierno de Miguel Ángel Revilla pretende cortar así la cadena de contagios entre los jóvenes, que presentan incidencias a 14 días por encima de los 2.000.
«Todos nuestros esfuerzos están dirigidos a controlar la propagación del virus y que deje de crecer al ritmo actual. Sabemos que esto requiere de adopción de medidas. Desde el Gobierno de España vamos a apoyar todo el elenco de herramientas que nos hemos dado anteriormente en el Consejo Interterrorial», zanjó Darias.
Para la ministra el arma más efectiva para contener esta nueva oleada es la vacunación y confía en ella para frenar también el avance de Delta. Según el último informe de Sanidad, ya está presente en el 15-20% de los casos, pero la previsión es que ocupe todo el nicho ecológico en los próximos meses. «Delta será mayoritaria y se ha comprobado que es algo más transmisible», reconoció, si bien apuntó que «no es la responsable de lo que está ocurriendo, sino los comportamientos incívicos».
La venta de test de autodiagnóstico en las farmacias fue otros de los asuntos a tratar en el pleno del Consejo Interterritorial. Darias recordó que el próximo martes prevé llevar este asunto al Consejo de Ministros para su aprobación. Ante las dudas suscitadas sobre el circuíto a seguir una vez hecho el test, Darias explicó que las personas que den positivo constarán como casos sospechosos y tendrán que someterse a un nuevo análisis en la red sanitaria para confirmar la infección. Respecto al coste, no fue adelantado por la titular de Sanidad, tan solo dijo que «vamos a trabajar para que tenga un precio asequible». «No está previsto que la compra de test de autodiagnóstico esté cubierta con fondos públicos», recalcó.
Respecto al freno en la inoculación de vacunas en algunas comunidades como Madrid y Andalucía por falta de dosis, una queja que fue trasladada por ambos gobiernos regionales en el pleno de ayer, Darias les respondió que «ya saben las dosis de vacunas que van a recibir». Sacando pecho del ritmo de inmunización, dijo que el mes de junio «ha sido excepcional» debido a que la compañía Pfizer «adelantó al segundo trimestre parte de las vacunas prometidas para el cuarto trimestre». En esta línea, incidió en que «ahora, en el mes de julio, seguimos al ritmo que íbamos y que ya sabíamos».
Según el último informe, el 60% de la población española tiene al menos una dosis y el 47,4% ha competado la pauta.