Censura en redes

MuchosMuchos liberales, entre los que me encuentro, pensamos que las redes sociales deberían ser autónomas a la hora de establecer sus condiciones de uso e incluso a la hora de enjuiciar, al menos en una primera instancia, qué usuarios las han vulnerado y cuáles no (dejando, claro, la puerta abierta a una revisión judicial externa sobre ese supuesto incumplimiento). Aunque este exquisito respeto a la propiedad privada y a la libertad de empresa pueda generar, en ocasiones, situaciones que socialmente podamos evaluar como indeseables (por ejemplo, que se vete en Twitter, Facebook o YouTube a determinadas personas o incluso a determinadas ideas), las alternativas que podrían plantearse a la autorregulación son abiertamente peores: por ejemplo, que sea el gobierno quien regule el contenido de estas plataformas, facilitando consecuentemente el control político de la información. Frente a la regulación centralizadora y arteramente censora que podría plantear el establishment político, el mal menor es la competencia entre redes sociales con distintos criterios y condiciones de uso. Ahora bien, esta (coherente) posición liberal se ve empañada por una circunstancia que no siempre se resalta tanto como debería hacerse: en la actualidad, los gobiernos no están respetando la libertad de empresa de estas plataformas para fijar sus condiciones de uso. Al contrario, la evolución cada vez más restriccionista hacia la pluralidad de opiniones que han seguido muchas redes sociales responde sobre todo a la extorsión a la que las autoridades políticas las someten al grito de «u os autorreguláis como nosotros queremos u os regulamos por las malas». El último e ilustrativo ejemplo de este chantajismo ha provenido del propio Joe Biden, quien ha acusado a Facebook de «estar matando gente» por permitir que se difunda información antivacunas. Personalmente, no guardo ninguna simpatía hacia la inmensa mayoría de la información harto cuestionable, o directamente desinformación, del movimiento antivacunas. Es verdad que, en este caso, estamos ante medicamentos experimentales cuyos efectos a corto plazo sí han sido tratados pero cuyos efectos a muy largo plazo no podemos conocer porque simplemente no ha transcurrido ese muy largo plazo, pero la gestión de riesgos parece volver aconsejable (sobre todo conforme más se avanza en los tramos de edad) evitar el riesgo de no vacunarse (contagiarse y sufrir los efectos de la COVID-19) antes que evitar el riesgo de vacunarse (improbables efectos a muy largo plazo). Pero al margen de mi falta de simpatías hacia el movimiento antivacunas, no creo que éste deba ser censurado sino en todo caso contestado y rebatido. Aun así, entendería que Facebook u otras redes sociales optaran, como política interna escogida por ellos mismos en libertad, señalar esa información como potencialmente engañosa. Cada plataforma es la que tiene que escoger sus normas internas para que posteriormente sean los usuarios quienes decidan, en función de las mismas, en cuáles de esas plataformas desean participar y en cuáles otras no. Lo que debería resultarnos inadmisible es que los Estados obliguen a las redes sociales a determinar qué tipo de contenido han de admitir y cuál no. Eso es directamente censura y como tal deberíamos denunciarlo.

«Lo inadmisible es que los Estados obliguen a las redes a determinar qué tipo de contenido han de admitir y cuál no»