Los jueces elevan la presión a PSOE y PP para renovar ya
Creen que el cambio de Gobierno debe llevar a una negociación para desbloquear el CGPJ El ministro Bolaños aún no ha llamado a Génova para retomar las conversaciones
Los jueces han vuelto a ponerse en pie, alentados por la expectativa de que el cambio de ministros pueda, por fin, desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que cumple dos años y siete meses en funciones. En el ámbito jurídico la preocupación es grande, y más entre aquellos sectores que han estado más cerca de las conversaciones y que empiezan a asumir que no habrá acuerdo antes de que acabe la Legislatura. La situación es anómala, con un desgaste institucional innegable, y, por eso, el relevo en el Gabinete de Moncloa y en el Ministerio de Justicia ha reactivado las llamadas tanto a la puerta del Gobierno como del principal partido de la oposición para que se busque una salida al bloqueo.
Una semana después de ejecutarse la remodelación del Consejo de Ministros, en Génova dicen que están a la espera de recibir la llamada del nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al que otorgan el carácter de interlocutor, por encima de la nueva titular de Justicia, Pilar Llop. «No la conocen ni en la carrera judicial», zanjan en Génova sobre el nombre que ha relevado a Juan Carlos Campo, por cierto, después de que éste tuviera que «tragarse el sapo» de los indultos a los líderes independentistas del «procés» condenados por el Tribunal Supremo.
Génova lanza el balón al tejado del Gobierno para retomar la negociación, y desde el Gobierno lo juegan con el mensaje de que sí quieren reactivar el diálogo, pero sin que todavía haya habido ningún gesto en concreto ni en el nivel de la interlocución con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ni tampoco con el presidente nacional de los populares, Pablo Casado.
La realidad es que la meta de renovar el CGPJ sigue antojándose más que complicada, al margen del cambio de Gobierno. El PP acepta dialogar, pero después de la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo, ahora la línea roja es que se acepte su propuesta de reforma legislativa para cambiar el actual modelo, y que «los jueces elijan a los jueces». Génova justifica su posición en las exigencias europeas de independencia, pero, al mismo tiempo, sabe también que su propuesta obligaría al Gobierno a romper la unidad de acción con la mayoría de investidura, y le abriría, por tanto, otro frente en la inestable estabilidad de la mayoría que lo sustenta.
La falta de acuerdo de los partidos sobre la designación de los vocales afecta a la renovación del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. La última renovación se realizó en
2013, con el PP en el Gobierno.
Aunque Gobierno y
PP se cruzan reproches sobre la responsabilidad del bloqueo, lo cierto es que en el ámbito judicial señalan más a los independentistas y a Unidas Podemos como culpables de la crisis institucional y de
«la fatal de sentido de Estado» del Gobierno y del PP.
Las asociaciones de jueces también han acabado dividiéndose, en un alineamiento bastante coincidente con el bloque del Gobierno y de la oposición. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se ha trasladado a la ministra el mensaje de que es urgente implementar un sistema de elección de los vocales judiciales para que sean elegidos por los propios jueces. Mientras que Juezas y Jueces para la Democracia reclaman la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ, y señalan al PP como principal responsable del bloqueo.
En el problema pesa el hecho de que el desacuerdo entre Gobierno y PP se ha convertido en una bandera ideológica, de la que las dos partes tienen que responder ante sus respectivos bloques. Pedro Sánchez ante la mayoría de investidura, y el PP en su estrategia de competición con Vox.
El pulso judicial se verá, además, eclipsado de manera inminente por la batalla entre Gobierno y oposición por los fondos europeos. Sin acuerdo para crear una comisión parlamentaria que fiscalice el reparto del dinero comunitario, la realidad es que Moncloa tiene manos libres para distribuirlo territorialmente sin tener que ajustarse a ningún criterio de proporcionalidad. La UE no impone esa condición de la redistribución territorial, y sólo vela por la oportunidad de los proyectos. Salvo que se cometan ilegalidades, el Gobierno podría hasta dejar en Cataluña el grueso de los fondos, si así quisiera. Desde las autonomías populares ya han empezado la campaña contra un reparto que aseguran que beneficiará «sólo a los amigos», en referencia a Cataluña, País Vasco y comunidades socialistas. «El reparto será a mayor gloria de los intereses de Sánchez», denuncian los barones de Casado.
Este clima anticipa el nivel de tensión que habrá en los próximos meses entre Gobierno y PP a cuenta del reparto de los fondos y con la recuperación económica como telón de fondo. No anima, pues, a confiar en que haya ninguna vía de acuerdo, ni siquiera en la renovación pendiente del Poder Judicial. Además, en septiembre empezará otra larga campaña autonómica que será decisiva en clave nacional: la pieza en liza es Andalucía. Si el PP se está tentando la ropa antes de convocar elecciones, a pesar de la crisis socialista, es porque tiene miedo a verse obligado a pactar con Vox para mantener la Junta frente al cómodo acuerdo con Cs que sostiene en la actualidad a Juan Manuel Moreno en la Presidencia. Las encuestas nacionales y autonómicas confirman que hasta ahora el PP no está siendo capaz de quitarle votos a Vox. Y en septiembre este punto negro será el tema central de los gurús de Casado.