El Govern pagará con fondos públicos las fianzas del «procés»
Abonará los 5,4 millones que pide el Tribunal de Cuentas
La Generalitat recurrirá a fondos públicos para afrontar las fianzas que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos por los gastos en la promoción del «procés».
La Generalitat recurrirá finalmente a fondos públicos para afrontar las fianzas. El conseller de Economía, Jaume Giró, anunció ayer, sobre la bocina, que el Institut Català de Finances (ICF) abonará los 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat por los gastos en la promoción en el exterior del «procés» entre 2011 y 2017. De esta manera, Giró ha rectificado, ya que el martes aseguró que el ICF, que es un ente público y el Govern quiere convertirlo en banca pública, no se haría cargo de la operación por temor a comprometer a sus empleados.
De hecho, el propio Giró dijo que han sido los mismos empleados del ICF quienes se han ofrecido: «Han pedido que por ellos no quede». No obstante, detrás de este giro que se ha producido en las últimas horas en el Govern hay un choque entre socios, ya que en JxCat sostienen que fue el propio Albert Castellanos (presidente de la Junta de Gobierno del ICF y vinculado a Esquerra) quien solicitó eximir de responsabilidades responsabilidades a los trabajadores del ente público, pero en las filas republicanas rechazan ese extremo.
El decreto ley que aprobó el Govern el pasado 6 de julio por el que creaba el fondo dotado de 10 millones de euros para cubrir las fianzas decía que se tendría que usar un banco como intermediario entre la Generalitat y el Tribunal de Cuentas (funciona con un mecanismo similar a un seguro privado, donde la entidad financiera hace el aval y la Generalitat, el contraaval), pero si no se hallaba ningún banco, se usaría al ICF de forma provisional.
Lo cierto es que el Govern no ha encontrado ningún banco y el plazo vencía ayer: así que como alternativas quedaban o el uso del ICF (que estaba recogida en una disposición adicional del decreto) o que los 34 implicados abonaran la fianza con sus propios bienes y la ayuda de la Caja de Solidaridad (hucha con fondos del independentismo), que ha recaudado 1,2 millones de euros. En un principio, Giró optó por la segunda opción, pero finalmente se ha quedado con la primera, que pueda situar en el punto de mira
Ha virado en las últimas horas ya que había optado por que los afectados abonaran la fianza con sus bienes
La Generalitat se ha quedado sin bancos para realizar la operación, aunque sigue buscando; ahora, en el extranjero
a los empleados del ICF.
En este sentido, Giró lamentó que no han sido capaces de encontrar ningún banco por el «miedo» a las repercusiones y señaló las amenazas de algunos sectores políticos como impedimentos. Vox, por ejemplo, se ha querellado contra el propio Giró y contra Pere Aragonès y la consellera de presidencia, Laura Vilagrà, por presuntos delitos de malversación y prevaricación. Si bien, el PSC, por ejemplo, ha salido a asegurar que no ven ningún inconveniente jurídico en la operación de la Generalitat para cubrir las fianzas. El Gobierno, en cambio, ha evitado pronunciarse de momento, aunque sí ha advertido de que si no se ajusta a derecho se recurriría (algo que no se ha hecho en estas dos semanas) ante el Tribunal Constitucional.
«Hoy toca hacer un agradecimiento al conseller Giró», afirmó Aragonès tras la maniobra de Giró. Y es que el conseller de Economía ha recibido bastantes presiones en las últimas horas por parte de algunos sectores independentistas por no usar la Generalitat para cubrir las fianzas. A partir de ahora, se prevé que en los próximos días se haga efectiva la operación (a la espera de que el Tribunal de Cuentas acepte la fórmula del Govern), aunque Giró sigue trabajando buscando bancos en el extranjero como aval. El Tribunal de Cuentas ha rechazado, en este sentido, alargar el plazo para depositar la fianza.
Lo cierto es que los propios afectados (entre los que se encuentran Artur Mas, Carles Puigdemont u Oriol Junqueras) se habían hecho ya a la idea de tener que poner sus bienes para cubrir la fianza. Con esta maniobra se han podido salvar después de que algunos de ellos ya hayan sido condenados por el Tribunal de Cuentas por la organización de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014: el Supremo confirmó a principios de julio la pena de 4,9 millones de euros.