Interior traspasa la defensa de los Mossos a Presidencia
La consellería de Interior traspasará la defensa penal de los Mossos d’Esquadra al Gabinete Jurídico Central, adscrito a Presidencia, ante lo que la CUP ha urgido al Govern a retirar las acusaciones «contra manifestantes» y los sindicatos policiales se han puesto en alerta por este cambio. En respuesta en el Parlament a un diputado de la CUP, el conseller Joan Ignasi Elena anunció ayer que a partir de la próxima semana, o «como mucho» a principios de agosto, Interior trasladará al Gabinete Jurídico Central la representación penal de los Mossos porque «es desde allí desde donde se puede hacer una mejor defensa de los trabajadores públicos y se garantizará que puedan tener una atención durante todo el proceso».
Este cambio supondrá que, a partir de ahora, los Mossos inmersos en procesos judiciales no estarán representados por abogados adscritos al Departamento de Interior, que son los que habitualmente los representan, sino por letrados de la consellería de Presidencia. «Queremos seguir defendiendo a los Mossos d’Esquadra con la misma claridad y contundencia que se ha hecho siempre y cuando sufran lesiones (...) y hacerlo con los mismos criterios con los que se defiende a todos los trabajadores públicos», enfatizó Elena, quien garantizó que ese será «siempre» el criterio del nuevo Govern.
«Nuestro comportamiento ha sido siempre defender los derechos y libertades y también a la policía de la Generalitat cuando actúa y también necesariamente cuando sufre agresiones. Ese es nuestro criterio, que siempre defenderemos a los Mossos d’Esquadra en caso de que sufran algún tipo de lesión», insistió. La CUP destacó que el anuncio de Elena supone «un primer paso» en el cumplimiento de su acuerdo con ERC, que preveía una revisión del modelo policial en Cataluña, ante lo que ha urgido urgido al Govern a retirar todas sus «acusaciones particulares contra manifestantes» y a «desmontar el cuerpo de abogados» de Interior.
El anterior conseller de Interior, Miquel Sàmper, anunció en el Parlament en noviembre que la Generalitat ultimaba un acuerdo -que no se llegó a concretar en la pasada legislatura- para que sus servicios jurídicos dejasen de acusar por atentado a la autoridad en causas por disturbios, como los que hubo tras la condena a la cúpula del procés, y que lo limitarían a un delito de lesiones si hay mossos heridos.