La mayoría cree que los jueces gozan de poca independencia

Para el 31,2% de los españoles, el Poder Judicial es el que más confianza genera. Tan sólo el 11,9% lo hace en el Gobierno

«No hay libertad, si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva». Así lo afirmaba el filósofo y jurista Montesquieu, quien en su tratado de 1748 «El espíritu de las leyes», contemplaba la división de los tres poderes en el Estado moderno: ejecutivo, legislativo y judicial. Remarcaba Monstesquieu que los tres tenían el mismo peso y que ninguno se imponía a otro. Cada uno tenía sus responsabilidades, competencias prefijadas y límites que ningún otro de los tres poderes del Estado podía sobrepasar.

Esta división es la única forma que el gobierno no acabe convirtiéndose en tirano. La separación de poderes propuesta por el filósofo francés de la ilustración tuvo su primera aplicación práctica en una constitución, en la de los Estados Unidos en 1787.

El Estado absolutista daba paso a las primeras democracias en forma de repúblicas representativas o monarquías parlamentarias. Uno de los últimos soberanos absolutos, fue Luis XIV, que había asumido personalmente todos los poderes. Su frase más famosa es esclarecedora, «El Estado soy yo».

La Constitución española de 1978, y una galaxia de leyes nacidas de la misma, garantizan la separación de poderes. Se establecen contrapesos y mayorías cualificadas para evitar que un Presidente del Gobierno inicie un proceso similar al de Hitler en la Alemania de 1933, o al Bolivariano en Venezuela.

La democracia española vive sus peores momentos, arrastra una crisis de gobernabilidad desde las fallidas elecciones generales de 2015 y su repetición en 2016.

La llegada de los socialistas al poder en junio de 2018 a través de una moción de censura respaldada por separatistas y comunistas, era un síntoma de que la crisis política, lejos de solucionarse, se agravaría, ya que el PSOE, comenzaba una deriva que lo alejaba cada vez más de la Constitución y la ley.

Nunca en nuestra democracia un partido ha gobernado con tan pocos diputados y con un porcentaje del voto tan bajo; el 28%, por lo que el resto de partidos suman el 72%. Esta debilidad le obliga a doblegarse ante sus aliados, que no son otros que los enemigos de la Constitución, la ley común y la unidad territorial de España. Con encajes de bolillos permanentes mantiene más o menos cohesionado el gran mosaico que representan todas las fuerzas políticas que mantienen artificialmente con vida al Gobierno. De ahí que éste necesite expansionarse y someter al poder judicial, con lo que controlaría completamente el Estado. En Europa tenemos ejemplos de esta estrategia autoritaria en Polonia y Hungría. La Unión Europea es la última línea de contención para evitar que Moncloa se haga con el control de Tribunal Constitucional máximo gante de la legalidad constitucional, así como está en juego también el control del Consejo general del POder Judicial (CGPJ).

La última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a los españoles sobre la Justicia, fue en el barómetro 3.257 de julio de 2019. En este estudio el 50,8% de los ciudadanos manifestaban que los jueces españoles tenían un grado de independencia bastante bajo o muy bajo. Tan solo el 29,4% de los ciudadanos opinaban que su nivel de independencia era bastante alto o muy alto. La diferencia entre ambas posturas es de 21,4 puntos. No hay duda de que hace dos años los españoles ya percibían injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial. De hecho, en la pregunta referida a la independencia específica del Tribunal Supremo, el 44,2% opina que su independencia es bastante baja o muy baja, frente al 29,8% que la considera bastante alta o muy alta.

Por otra parte, el barómetro del CIS pregunta también a la ciudadanía, sobre los tres poderes del Estado, concretamente en cuál confía más, y la respuesta es que en el Poder Judicial, con el 31,2%. A distancia le siguen el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, con el 16,5% y el 11,9%, respectivamente.

En cuanto a las respuestas obtenidas, teniendo en cuenta la edad de los encuestados, se observa una fractura entre los menores de 54 años y los mayores de esta edad.

Así, en el grupo comprendido entre los 18 y 54 años se imponen claramente los que manifiestan la confianza en los jueces frente a los otrso dos estamentos. Sin embargo, entre los mayores de 54 años, aunque la primera opción siguen siendo los jueces, avanza la confianza en el legislativo y ejecutivo, en ese orden. Es decir, que a partir de los 55, tiende a igualarse la confianza en los tres poderes, aunque no pasan del 10,1% los encuestados que declaran que confían por igual en todos los poderes del Estado.