Una cuestión más de forma que de fondo
El PSOE presenta hoy las líneas maestras de la ponencia marco del 40º Congreso, que se celebrará a mediados de octubre en Valencia, enfocado en sentar las bases políticas para el revulsivo que tanto la formación como el Gobierno quieren imponer de cara a la recta final de la legislatura. Dentro de los debates que tradicionalmente se abren en este tipo de cónclaves está la apuesta del PSOE por la laicidad del Estado, con apuestas que se defienden con convicción e incluso vehemencia en clave interna, pero que no tienen luego un impacto real cuando están en el poder. Ni siquiera ahora que los socialistas gobiernan en coalición con Podemos.
¿Cuál es la posición del PSOE respecto a los acuerdos con la Santa Sede?
El PSOE defiende en estas líneas maestras de su acción futura que ha llegado el momento de abordar la revisión de los acuerdos con la Santa Sede, así como la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones. «Una nueva Ley que promueva el desarrollo de las diferentes opciones de ética privada, religiosas, morales o filosóficas de todas las personas», reza el texto. Se quiere impulsar «una norma que pivote sobre las libertades individuales y los derechos fundamentales, que garantice la libertad de culto, la neutralidad del Estado, la adecuada separación ética pública-ética privada y el pluralismo religioso y filosófico».
¿Esto supone un cambio? No supone una novedad en el fondo, porque es una iniciativa que figura tradicionalmente en sus documentos internos y, de hecho, ya aparecía en los del 39º Congreso. Pero sí en las formas, porque mientras que entonces solo aparecía citada sucintamente, ahora en se pretende dar más entidad a esta cuestión, desarrollándola dentro del capítulo de la regeneración democrática. También es importante que se explicite que esta denuncia denuncia de los acuerdos con la Santa Sede se hará buscando una solución dialogada con la Iglesia para avanzar en su actualización. El PSOE apuesta por impulsar, buscando el consenso con la Iglesia, unos nuevos acuerdos con el Vaticano más ajustados al siglo XXI, adaptados a «los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos».
¿Esto venía recogido en el acuerdo de coalición con Podemos?
El acuerdo de coalición tan solo cita en una ocasión a la Iglesia, en sus 49 páginas. La redacción concreta plantea abordar «las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros». Nada dice de la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado que ahora promueven los socialistas, pero sí se avanza en la intención de aprobar «una Ley sobre Libertad de Conciencia que garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas».
¿Se ha avanzado en la fiscalización de las inmatriculaciones de la Iglesia?
Sí. En febrero de este año, el Consejo de Ministros remitió al Congreso un listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica entre 1998 y 2015. En este listado se incluyen 34.961 bienes inmatriculados: 20.014 templos de la Iglesia Católica o dependencias complementarias que tienen que ver con el culto o la tarea educativa y otros 14.947 que no se relaciona con esos usos, sino con solares, terrenos, viviendas o locales. 30.335 de esos bienes inmatriculados lo hacen en virtud de certificación eclesiástica mientras en otros 4.626 bienes la inmatriculación consta a otro título distinto, a título «bastante insuficiente para la demostración», según señaló Carmen Calvo.