El presidente asume todo el poder y compromete la democracia en Túnez
Los islamistas le acusan de dar «un golpe de Estado contra la revolución y la democracia»
El presidente de Túnez, Kais Saied, asumió este domingo todos los poderes del Estado –suspensión del Parlamento durante 30 días, destitución del primer ministro y dos miembros del Gobierno, retirada de la inmunidad parlamentaria a los diputados– en medio de una coyuntura social, con el sistema sanitario desbordado por la pandemia, y económica crítica. Con el objetivo de «recuperar la paz social y salvar al Estado y la sociedad» pone el jefe del Estado tunecino a prueba las costuras de la otrora prometedora democracia del país magrebí.
La oposición, con el partido islamista Ennahda a la cabeza –primera fuerza del parlamento unicameral de Túnez–, denuncia un «golpe de Estado contra le revolución, la democracia y la Constitución» y llama a ciudadanos y Ejército a oponerse a él. Se han registrado manifestaciones de partidarios del presidente –que llegó al poder tras las elecciones de octubre de 2019– y detractores en la entrada misma de un Parlamento –Palacio del Bardo de la capital– sellado por los hombres de uniforme. Unos choques que sucedieron a un domingo de protestas –y enfrentamientos entre manifestantes y Fuerzas de Seguridad– en varias ciudades contra el Gobierno del destituido Hichem Menichi por su pobre desempeño en la crisis. De hecho, una de las primeras medidas de Saied fue la extensión de dos horas del toque de queda, que dará comienzo a las 19:00 horas locales hasta las seis de la mañana, y la prohibición de circular con vehículos a motor en todo el territorio durante dicha franja horaria excepto los casos de urgencia sanitaria y empleados nocturnos.
Esgrime el presidente el artículo 80 de la Constitución tunecina de 2014 –nacida de la primera cámara electa tras revolución de los jazmines, que abrió para toda la región la Primavera Árabe–, la cual establece que «en caso de peligro inminente que amenace las instituciones de la nación y la seguridad e independencia del país y ponga en peligro el funcionamiento regular de los poderes públicos, el presidente de la República puede tomar las medidas necesarias en tal situación excepcional», pero precisa que «después de consulta al jefe del Gobierno y al presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo y tras haber informado al presidente de la Corte Constitucional». Según estiman observadores y analistas locales, en su asunción del poder el jefe del Estado no ha seguido el procedimiento establecido en la Carta Magna.
Riesgo de choques civiles
Lo cierto es que desde la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias de otoño de 2019, Túnez vive instalado en una crisis política permanente como consecuencia de las tensiones entre la presidencia de la República y el Gobierno apoyado por el Parlamento. Desde comienzos de 2021, Túnez vive un bloqueo institucional después de que la Asamblea apoyara la remodelación del Ejecutivo y de que el presidente se negara a asumirla.
El pobre desempeño de la economía tunecina, golpeada fuertemente por la pandemia, ha agudizado la inestabilidad social. El PIB cayó casi un 9% durante el curso pasado –el turismo, uno de los pilares de la economía, un 15% del total del producto nacional, es casi inexistente– y el 3,8% de crecimiento previsto para este año por el FMI será más que insuficiente para enderezar el rumbo del país. El Gobierno negociaba un nuevo préstamo con el FMI para evitar una crisis fiscal inminente.
Uno de los mayores riesgos ahora es que la profunda división social y política y el ambiente de tensión generalizada que se respira en el país tras semanas de emergencia sanitaria y meses de grave crisis económica deriven en enfrentamientos civiles violentos. La Mesa del Parlamento, que preside el presidente de Ennahda Rachid Ghannuchi, ha condenado la iniciativa del presidente, y ha llamado a la sociedad, fuerzas del orden y militares a rechazarla. Al cierre de esta edición, el veterano líder islamista sigue convocando a sus partidarios en el exterior del Parlamento, cuyo acceso le negaron ayer por la mañana los militares.
Ayer, el presidente Saied comenzaba a hacer uso de su nueva situación de poder y destituía al ministro de Defensa, Ibrahim Bartaji, y a la ministra de la Función Pública y la Justicia Hasna Ben Slimane. Todo apunta a que el jefe del Estado proseguirá, en espera del nombre del nuevo primer ministro, llevando a cabo relevos en las próximas horas. Por su parte, el importante sindicato UGTT –que ha jugado tradicionalmente un papel de moderación– manifestó su apoyo al jefe del Estado exigiéndole garantías constitucionales y la identificación de los objetivos de las medidas anunciadas y plazos de ejecución. «Que se vaya el primer ministro puede ser bueno porque era un estorbo ensoberbecido de sus poderes, pero el problema es que el presidente sepa crear un consenso que en el último medio año ha sido incapaz de lograr y que nombre un nuevo ‘‘premier’’ que no excite demasiado las iras de Ghannuchi. Algo difícil, pues lo que busca el presidente es deshacerse de los islamistas», explica a LA RAZÓN desde Túnez el catedrático emérito de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid Bernabé López García.
La frágil y prometedora democracia tunecina se adentra en lo desconocido en un panorama inédito y paradójico –los sectores seculares y pro democráticos celebrando el golpe de timón del presidente y los islamistas apelando a la salvación de la revolución– y en medio de la tormenta dramáticamente más perfecta.