El inane cónclave de los presidentes

La Conferencia de Salamanca reflejará la debilidad institucional de España

EstáEstá entre los propósitos gubernamentales, como hoy adelanta LA RAZÓN, abordar un cambio en el funcionamiento de la Conferencia de Presidentes, órgano de referencia de la cooperación política entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, estableciendo una periodicidad bianual, con fecha marcada, lo que, sin duda, permitiría corregir la deriva hacia la inanidad de una institución que tendría que ser capital en la gestión de los problemas y desafíos generales. No es cuestión de buscar un único responsable en la pérdida de credibilidad, incluso, en la irrelevancia en que ha caído la Conferencia, pero, ciertamente, el hecho de que hayan trascurrido nueve meses desde la última convocatoria no habla bien del interés del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en llenar de contenido este mecanismo multilateral, que, desde el principio de la pandemia fue decayendo hasta convertirse en simple caja de resonancia del inquilino de La Moncloa. Por supuesto, la próxima reunión en Salamanca, convocada con excesiva premura, retiene todos los aspectos negativos de las anteriores y será, una vez más, espejo de la debilidad institucional de España, especialmente, si una vez más se confirma la ausencia de los representantes autonómicos de Cataluña y el País Vasco, que reclaman un tratamiento desigual, por privilegiado, en sus relaciones con el Ejecutivo central. Una demanda de bilateralidad, que quiere ser trasunto de soberanías, que resultaría insólita en otras naciones de corte federal, como Alemania o Estados Unidos, donde las distintas entidades territoriales no ponen en duda, tampoco podrían por ley, el concepto de unidad del estado. De ahí que sean perfectamente entendibles la reticencias de algunos presidentes autonómicos, como Isabel Díaz Ayuso o Fernando López Miras, ante una convocatoria cuya formato no sólo impide de hecho el diálogo entre los asistentes, sino la puesta en común de propuestas y soluciones y que, además, consiente la ausencia de los representantes de las autonomías gobernadas por los nacionalistas. Y todo ello, mientras la mayoría de los ciudadanos son conscientes de la existencia de graves problemas, como la despoblación rural, los desequilibrios financieros o la multiplicación de unas burocracias esterilizantes para el progreso económico y social, que por sí solas justificarían una Conferencia de Presidentes capaz de analizar, proponer y corregir desde el interés general.